Esta vez sí funcionará la Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros que ha emprendido el gobierno? Hay mucha duda. No existen argumentos para ser muy optimistas. El contrabando, sin duda, es un problema tan espinoso como antiguo y, lamentablemente, jamás ha sido una prioridad para ninguno de los gobiernos de turno.

En tiempos en que los afanes recaudatorios del Ejecutivo lindan con la inconstitucionalidad y desalientan la competitividad del Perú al crear más impuestos antitécnicos y nocivos para el saludable desarrollo de la economía nacional, colocar un cerrojo efectivo al contrabando es una alternativa que permitiría al estado obtener los ingentes recursos que necesita para atender las demandas sociales.

Es difícil determinar el valor de la mercancía del exterior que ingresa al país sin el pago de los derechos arancelarios y que además evade el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto a la Renta (IR) y genera competencia desleal. Para la Sociedad Nacional de Industrias, cada año ingresan US$ 900 millones, mientras que el Banco Central de Reserva sostiene que el monto asciende a US$ 600 millones.

En contraparte, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) estima que durante el 2002 ingresó contrabando por US$ 333 millones, lo cual equivale al 4.4% de las importaciones.

De dicho monto, US$ 231 millones –es decir, cerca del 70%– correspondería a aquellas que se originan a través de la zona de frontera, Tacna y Puno.

El saldo (US$ 102 millones) provendría de otras fuentes como el que se origina a través del Convenio Perú–Colombia, así como por el turismo externo y tráfico fronterizo hacia zonas rurales.

Cientos de millones de dólares más o menos, lo concreto es que debido a esta actividad ilícita el Estado peruano dejaría de percibir la tercera parte del valor del contrabando. La SNI calcula que US$ 300 millones dejan de ingresar al Fisco a consecuencia de esta lacra. Para el BCRP, el monto bordea los US$ 200 millones; mientras que la SUNAT sostiene que son US$ 100 millones.

El panorama se torna más preocupante si se contrasta tales cifras exorbitantes con los resultados que tuvo durante el año pasado la lucha contra el contrabando efectuada por el gobierno. Cerca de 3,000 operaciones y acciones realizó la SUNAT en el 2003, en las cuales sólo se incautó US$ 9.34 millones, lo que, incluso en el escenario más «moderado», no representa ni el 3% del total de contrabando que ingresa al país.

«El contrabando es esencialmente una actividad informal. Es imposible de contabilizarla, toda vez que no deja un rastro económico. La SNI mide la cantidad de camiones que ingresan más o menos por tales lugares y la valorización promedio de la mercadería que hay en cada región». Juan Alegre Pizarro, coordinador nacional de de las Acciones de Represión y Prevención del Contrabando de la SUNAT, intenta explicar el motivo de la diferencia entre los estimados sobre contrabando.

El funcionario sostuvo que la gran diferencia entre los estimados del valor del contrabando que ingresa anualmente obedece a la aplicación de distintos mecanismos para determinar el monto. La SUNAT, por ejemplo, obtuvo el total de US$ 333 millones luego de cruzar la información de los bienes que ingresaron por las zonas de frontera con el consumo de la población de la zona. El excedente es lo que ingresaría por contrabando.

De otro lado, descartó que cada año ingresen cerca de US$ 1,000 millones a causa de esta actividad ilegal. «Es muy improbable, pues ello implicaría que diariamente habría cerca de US$ 3 millones de productos ilegales», subrayó.

Empleo alternativo

Es cierto que combatir el contrabando es una tarea titánica. No sólo por las bandas muy bien organizadas, que incluso recurren a prácticas violentas y criminales, sino porque esta actividad ilegal cuenta con el respaldo de la población. En Puno, por ejemplo, la Cámara de Comercio y Producción de esta ciudad altiplánica asegura que cerca del 70% de los habitantes está vinculado de alguna manera al contrabando.

Ante tal situación, el gremio provincial planteó desde hace más de un año que se trabaje un programa de reducción de esta lacra sin apelar sólo a la represión. Tales propuestas fueron recogidas por el gobierno nacional para relanzar la Comisión Multisectorial de Lucha Contra los Delitos Aduaneros.

Luego de publicar una lírica declaratoria de interés nacional a la lucha contra el contrabando, el Ejecutivo en la figura del ministro de la Producción, Alfonso Velásquez, quien preside el equipo encargado de esta tarea, indicó que uno de los principales componentes de la estrategia a seguir es la promoción de empleo alternativo en aquellas zonas con alta incidencia de esta actividad ilícita.

Para ello, a fines de mayo se debe concluir con la formulación del Plan Nacional de Empleo Alternativo al Contrabando. En esta labor el sector privado se dará la mano con el Estado.

Es necesario precisar que según el gobierno nacional, se calcula que son 50,000 puestos de trabajo directos y 50,000 puestos indirectos que se perdieron por consecuencia del contrabando.

Comando reforzado

Otra de las novedades de esta nueva etapa de esfuerzos para eliminar el contrabando es la creación del Comando Central de la lucha contra el contrabando integrado por las Fuerzas Armadas y la SUNAT.

«Con el relanzamiento se crearán comandos operativos que permitirán unir esfuerzos entre el ministerio de la Producción, la SUNAT; las Fuerzas del Orden y la Fiscalía», puntualizó Juan Alegre Pizarro.

Con la finalidad de descentralizar dicha labor, se crearán subcomisiones regionales para hacer más efectiva la labor de lucha contra el contrabando. En ese sentido, se iniciará en Puno un programa de capacitación conjuntamente con los gremios empresariales y la cooperación internacional como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La propuesta está hecha. Ahora queda enriquecerla y buscar mecanismos que la hagan viable.

Una ley correcta, que aún no se aplica bien

En junio del año pasado se publicó la Ley de Delitos Aduaneros, Ley N° 28008. Dos meses después se aprobó el reglamento de la Ley. En dicha norma se considera cinco delitos aduaneros: Delitos de Contrabando, Defraudación de Rentas de Aduanas, Receptación de Mercancías, Delitos de Financiamiento y Tráfico de Mercancías Prohibidas o Restringidas.

Asimismo, fija que el monto a considerar como elemento objetivo en los delitos de contrabando sea de dos Unidades Impositivas Tributarias.

También es un acierto que se haya dispuesto el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando la capacidad de la Administración Aduanera o de la PNP no se dé abasto para reprimir los delitos aduaneros.

Otros aspectos que han sido muy beneficiosos para emprender una eficaz lucha contra esta lacra son:

• Para efectos de la investigación y del proceso penal, los informes técnicos o contables emitidos por funcionarios de la Administración Aduanera, tendrán valor probatorio.
• Las mercancías que carecen de valor comercial, nocivas a la salud, contra la moral, el orden público y la soberanía nacional, cigarrillos, bebidas alcohólicas serán destruidas inmediatamente.
• La Fiscalía de la Nación dispondrá la asignación de un grupo no menor de 24 Fiscales para la investigación y los procesos derivados de los Delitos Aduaneros.

Penas por delitos y/o infracciones aduaneros

Si bien la referida ley también ofrece una serie de penas para quienes incurran en delitos aduaneros, es inevitable llamar la atención sobre el trabajo que realiza el Poder Judicial, que, lejos de sumar esfuerzos en esta iniciativa, opta por tratar con benevolencia a los contrabandistas.

•La pena privativa de la libertad, en el caso de Delito de Contrabando y Defraudación no será menor de 5 ni mayor a 8 años, siendo para el Delito de Tráfico de mercancía Prohibida o Restringida una pena no menor de 8 ni mayor de 12 años.

•También, hay sanciones por Infracción administrativa vinculada al contrabando. Quienes cometen infracción por primera vez pagará dos veces losjtro veces los tributos que evadió.

• A los sujetos que transportan la mercancía se les suspenderá la licencia de conducir entre uno y cinco años.

•También si las empresas de transporte de pasajeros o de carga están involucradas, se internará el vehículo por 60 días calendario. La reincidencia está penada con 120 días de internamiento.

Si bien la ley tiene poco tiempo de promulgada, el éxito en la lucha contra esta lacra depende de la voluntad política que exista. Desde que entró en vigencia se han registrado cerca de 90 denuncias penales contra presuntos contrabandistas. Hay 40 vehículos inmovilizados en Aduanas del país y se suspendieron 25 licencias de conducir.De esta forma tenemos que el nivel de ventas de autos y de camionetas pick-up se ha mantenido prácticamente igual, cayendo las ventas de vans en 8%. Del mismo modo, hubo una mayor venta de alrededor de 7% en el segmento SUV (vehículos 4x4 y AWD).