En este marco, el BID y diversos países latinoamericanos suscribieron importantes programas de préstamos por alrededor de US$ 526 millones, destacando principalmente el préstamo suscrito con México por US$ 300 millones, el cual estará orientado a fortalecer el sistema financiero rural del país, y los préstamos conseguidos por Nicaragua por US$ 100 millones para financiar dos proyectos.

En el caso del Perú, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo por US$ 18 millones para apoyar un programa de capacitación laboral destinado a beneficiar a jóvenes de escasos recursos económicos de entre 16 y 24 años. El proyecto de capacitación de jóvenes será de seis meses, con tres de instrucción en entidades de capacitación y otros tres de instrucción en empresas que participan en el programa bajo contrato con el Ministerio de Trabajo. Se estima que unos 46,000 jóvenes de familias de bajos ingresos se beneficiarán con la capacitación, que se vinculará con oportunidades de empleo en el mercado de trabajo. Cabe señalar que el modelo de proyecto se ha enriquecido con las experiencias de programas de capacitación similares en Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela, que tuvieron éxito en aumentar las oportunidades de empleo para la juventud.

El BID y la CCL Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el programa de Apoyo a la Competitividad de la Industria del Software, iniciativa presentada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT), el cual se ejecutará durante los próximos tres años e involucrará una inversión de US$ 932,750.

Dicho programa tiene como objetivo incrementar la competitividad de la industria del software en el Perú, mediante el desarrollo de competencias a través de la capacitación de las empresas en sistemas de calidad internacional; la promoción de la oferta exportable y el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades gremiales.

Cabe señalar que este es el primer proyecto de este tipo que ejecuta un gremio empresarial en el Perú, que es auspiciado por el BID. En Latinoamérica se desarrolló una experiencia similar a la de Uruguay.

Informe Anual 2003 Durante la Asamblea de Gobernadores del BID también se revisó el Informe Anual 2003, en donde se reportó un desembolso récord de US$ 8,902 millones, monto superior en US$ 3,065 millones a lo registrado el año anterior (52.5%), debido a las mejores perspectivas económicas de América Latina, que motivó a la institución a desembolsar mayores recursos para la región, principalmente para la Argentina y Colombia. A la Argentina, el Banco Interamericano de Desarrollo le desembolsó US$ 2,646 millones, mientras que Colombia recibió US$ 2,013 millones. Cabe destacar que entre ambos países concentraron el 52.3% del total desembolsado por el BID el 2003.

En total, los préstamos otorgados por el Banco ascendieron a US$ 6,810 millones en el 2003, monto superior en US$ 2,261 millones a lo colocado en el 2002 (49.7%), ubicándose nuevamente el BID la principal fuente de financiamiento multilateral de desarrollo para la región por décimo año consecutivo.

En este caso, el Banco Interamericano de Desarrollo orientó sus recursos para cubrir principalmente préstamos de emergencia, disponible para países que experimentan tensiones financieras temporales, que ascendieron a US$ 3,180 millones, representando el 46.7% de los préstamos. Cabe señalar que dos préstamos fueron orientados a la Argentina por un monto total de US$ 1,900 millones, otro para Colombia de US$ 1,250 millones y otro para Paraguay por US$ 30 millones.

Asimismo, el 23.4% de los préstamos aprobados fueron de proyectos de inversión, que totalizaron los US$ 1,600 millones, mientras que los préstamos en apoyo de reformas políticas bordearon los US$ 1,700 millones, 25.1% del total. Por su parte, el programa de préstamos directos y garantías para el sector privado comprendió un total de US$ 334 millones, 5% de los préstamos del Banco.

El BID y el Perú

El Perú, además de ser uno de los países miembros fundadores del BID, es el primer país prestatario del Banco. En 1961, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un préstamo por US$ 3.9 millones para ayudar a la reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en Arequipa, la segunda ciudad más grande del país, cuya infraestructura había sido severamente dañada por terremotos en 1958 y 1960.

Desde dicho año hasta el 2003, el BID ha aprobado 149 préstamos para el Perú por un monto financiado total de US$ 6,100 millones. En el transcurso de esos 42 años, se aprecia dos etapas de la evolución de los préstamos del Banco en el país. Entre 1961 a 1990, los préstamos del BID alcanzaron los US$ 1,300 millones, dinero orientado principalmente a apoyar a los sectores productivos _agricultura, industria y minería_ y a la infraestructura física.

A fines de la década del 80 se detuvieron temporalmente los préstamos y desembolsos del BID debido a que el gobierno de turno limitó el pago de su deuda internacional al 10% del ingreso de exportaciones del país, medida que produjo atrasos en el pago de las deudas con el BID y con otras instituciones multilaterales.

A partir de 1991 se reanudaron los financiamientos, luego que el Perú se recuperó de la hiperinflación y de la recesión, emprendió un plan de reforma estructural y un programa de estabilización favorable al crecimiento y reasumió su relación con la comunidad financiera internacional.

Los desembolsos del BID aumentaron considerablemente, apoyados por un aumento de 40% en los recursos de capital del Banco en 1994, lo que contribuyó decisivamente a la estabilización y el crecimiento macroeconómicos y al programa de reforma estructural. Entre 1991 y el 2003, la aprobación de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo superó los US$ 4,800, monto que en ese lapso de 13 años, fue 3.6 veces mayor que el valor total de préstamos aprobados en los 30 años previas (1991-1990). La Carta de Lima

La XLV Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sirvió de marco para que 11 gobernadores de países latinoamericanos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, forjen consensos regionales, suscribiendo una declaración conjunta denominada Carta de Lima.

En dicha declaración, los Gobernadores del BID argumentaron que los instrumentos de control fiscal vigentes presentan graves deficiencias que han llevado a los gobiernos a tomar decisiones contraproducentes, originadas por la simplicidad de la contabilidad de los gastos primarios, considerando a las inversiones y a los gastos corrientes como hechos económicos que presentan un impacto fiscal idéntico.

Según la Carta de Lima, en los últimos años la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos han seguido importantes programas de ajuste fiscal que desembocaron en la racionalización de sus gastos y la implementación de reformas, pero también limitaron las inversiones públicas, principalmente en infraestructura, reduciéndose la formación bruta de capital fijo y comprometiendo el crecimiento del PBI a mediano plazo.

Esta situación, en muchos casos, conforme a la declaración conjunta ha producido deficiencias económicas por la elevación de costos asociada a la precariedad de las condiciones logísticas y por la generación de cuellos de botella en el sistema productivo, además de dificultar la implementación de proyectos de integración regional, que restringe el desarrollo de la región y limita la expansión del comercio.

Por tal motivo, los Gobernadores del BID enfatizaron, que una gestión austera de los gastos corrientes mejora la situación fiscal de un país; sin embargo, la restricción de proyectos con retorno económico positivo deteriora estructuralmente esa misma situación fiscal, además de contribuir negativamente en la trayectoria de la Deuda Pública como parte del PBI.

Asimismo, según la Carta de Lima, la restricción de las inversiones públicas ha generado que el BID no desempeñe plenamente su misión, no colocando los desembolsos presupuestados. En el 2002, el Banco Interamericano de Desarrollo sólo desembolsó el 60% de su presupuesto para proyectos de inversión; mientras que en el 2003, dicho porcentaje de de-sembolso descendió hasta 30%.

Los Gobernadores destacaron la importancia y la urgencia del perfeccionamiento de los criterios de contabilidad utilizados como parámetro de las metas de política fiscal, asimismo, defendieron que las inversiones pasen a tener un tratamiento contable adecuado, que no inhiba la toma de decisiones económicas racionales.

Consideraron además que las inversiones deben tener un tratamiento diferenciado en el cálculo de los parámetros a los que están sometidos los gastos corrientes, debido a que los Organismos Financieros Multilaterales someten a un riguroso análisis técnico los proyectos de inversión, tanto en los desembolsos de los préstamos como en el seguimiento de los mismos.

Inversión pública

Desde hace cuatro años, la inversión pública en el Perú, como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), viene presentando un comportamiento descendente como consecuencia del ajuste aplicado por las autoridades del gobierno para cumplir con las metas de déficit fiscal y mantener las cuentas macroeconómicas en orden sin que afecten la situación económica del país y su imagen en el exterior.

Esta situación ha generado que el gobierno reduzca considerablemente sus inversiones para formación bruta de capital, pero se debe destacar que ello se origina en parte por una mala asignación de los recursos obtenidos por él, dado que los ingresos vienen creciendo en los últimos 20 meses, pero se orientan principalmente para cubrir los gastos corrientes, debido sobre todo al creciente aumento de la planilla estatal.

Así, mientras en 1999 la inversión pública representó el 4.8% del PBI, en el 2003 dicho porcentaje se habría situado en 2.7%, retrayéndose considerablemente en 2.1 puntos porcentuales. Mientras que, los gastos corrientes del gobierno que representaron el 14.6% del PBI en 1999, se incrementaron en 0.3 puntos porcentuales el 2003 (14.9%). Para el 2004, el gobierno tiene previsto alcanzar un déficit fiscal del orden de 1.5%, por lo que se espera que siga ajustando sus gastos en inversión.

En el presupuesto para el año fiscal 2004, la inversión del gobierno aumentaría en 11%, porcentaje que no permitirá dar mayor fuerza al crecimiento económico del país y por tanto permitiría mejorar el empleo, ello como resultado del importante peso que tienen los gastos corrientes y el servicio de la deuda externa en el presupuesto de la República.