1. La «reforma tributaria» debe entenderse como un trabajo profundo e integral. En su definición académica «reformar» significa «volver a formular», «rehacer».

No cabe parches ni maquillajes. Se trata de repensar y reformular el sistema tributario peruano desde su bases estructurales que pasan por definir una filosofía tributaria partiendo de un modelo económico de desarrollo al corto, mediano y largo plazo; en base a un esquema simple, ágil, de recaudación fácil, que se oriente ya sea a la tributación directa, personal, de difícil y onerosa administración y recaudación, o hacia la tributación indirecta, gravando el consumo, impersonal, de fácil recaudación.

Que utilice al tributo como instrumento de promoción y desarrollo; donde todos paguen en función de sus ingresos, sin privilegios ni exoneraciones; donde se puedan introducir cambios de coyuntura pero no estructurales, en función a los movimientos de la economía mundial globalizada; que grave rentas e ingresos, pero no los capitales ni patrimonios en forma ciega o confiscatoria.

2. La «reforma tributaria» entonces debe entenderse como un problema técnico y especializado donde no cabe la politiquería. Requiere darle paso a la Política Tributaria junto con la Política Fiscal y la Política Económica, entendidas como «arte del buen gobierno» de los ingresos y de los gastos del Estado.

Debe precisar cuestiones básicas; lineamientos estructurales como ir hacia la tributación directa o la indirecta; hacia los ingresos o hacia el consumo; hacia la ampliación cuantitativa y cualitativa de la base de contribuyentes, para poner fin a la odiosa discriminación actual entre formales e informales; contribuyentes cumplidos y sacrificados y evasores impunes; y donde el Estado tenga como política inflexible hacer cumplir a todos con el pago de sus impuestos, con mano dura, sin distingos ni preferencias.

3. Generalmente estos lineamientos se precisan en la Constitución, pero no es imprescindible. La Constitución de 1979 establecía como deber ciudadano: «Art. 77. Todos tienen el deber de pagar los tributos que les corresponden y de soportar equitativamente las cargas establecidas por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos».

El Art. 142 decía: «La tributación, el gasto y el endeudamiento público guardan proporción con el producto bruto interno, de acuerdo a ley». La Carta de 1993 no contiene iguales preceptos pero estos principios están invívitos en nuestro ordenamiento jurídico.

El problema es que en nuestro país la ley tributaria no se cumple, como no se cumplen las demás leyes. No hay un Plan que repose en la voluntad política de hacer que todos paguen sus tributos.

SUNAT fiscaliza priorizando la calidad y no la cantidad de contribuyentes. Eso es el principio de la comodidad, del menor gasto y del menor sacrificio, pero su resultado es lamentable: tenemos 60% de economía informal y 40% de economía formal.

Por eso (según cifras de Sandro Fuentes, ex- Jefe de SUNAT) sólo el 0. 64% de los contribuyentes (menos del 1% del total) aporta el 85.35% de la recaudación total. Es decir: sólo 15,400 contribuyentes soportan la gran carga de los ingresos tributarios del Estado.

En setiembre de 1995 según SUNAT habían 8,000 contribuyentes principales, 22,000 medianos y 936,000 pequeños. En agosto del 2001 el Ministro Kuczynski afirmaba que sólo 38 empresas pagaban el 40% de la recaudación total por impuesto a la renta.

4. La «reforma tributaria « debe ser formulada por expertos; nunca por políticos. Los políticos tomarán la decisión de impulsarla o neutralizarla. Los expertos deben ser convocados con amplio criterio , invitándose a universidades, colegios profesionales, gremios empresariales y sindicales, asociaciones de consumidores, etc. Debe participar la sociedad civil que es la protagonista principal del fenómeno tributario porque es la que paga los impuestos para sostener al Estado.

Al final, el Proyecto debe ser afinado por expertos ajenos al manejo político. En nuestro país hay suficientes elementos capaces para desarrollar esta labor.

5. La «reforma tributaria» necesita como premisa previa la definición de un plan o política económica nacional para el corto, mediano y largo plazo. Esto es prioritario e indispensable.

No puede haber política tributaria si no existe previamente una política económica que la sustente, entendiéndose como «...el conjunto de medidas que adopta el Estado para ejercer su acción en el campo de las actividades económicas del país, con el propósito de alcanzar un fin. Este fin no es otro que el aumento de la potencialidad económica nacional y la elevación del nivel de vida de la población , objetivos que persiguen, implícita o explícitamente, las distintas medidas adoptadas. Para que la política económica nacional tenga verdadera eficacia es necesario que siga un plan de acción integral y coordinado, y que tenga presente la repercusión de las distintas medidas sobre las actividades económicas nacionales» (Ferrero R. Rómulo. «La Política Fiscal y la Economía Nacional», Edit. Lumen SA. Lima, 1946).

6. La «reforma tributaria» requiere de una voluntad politica decidida de los gobernantes; no sólo del Poder Ejecutivo sino del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de todos los que participan en el manejo de las finanzas públicas en forma directa o indirecta, incluso el Tribunal Constitucional cuyos miembros deben estar compenetrados de los lineamientos de la Política Tributaria para no dictar resoluciones populistas que se apartan de la realidad y que terminan rectificándose por las exigencias de la opinión pública. El gobernante debe tener capacidad para liderar la reforma tributaria sin aceptar presiones ni cambios de ruta. Previamente tiene que haber una reforma del Estado.

7. En el Perú sí ha habido reformas tributarias profundas. En 1936 se reformó la estructura tributaria en forma integral, a tono con la economía dependiente de grandes exportaciones agrícolas y mineras.

El impuesto a la renta se modificó con la Ley 7904 y la imposición sobre el consumo con la Ley de Timbres Fiscales 9923. A partir de esa fecha se advierte que el Estado exige más dinero a los contribuyentes. Mayor desprendimiento de su riqueza personal para poder sufragar los gastos públicos.

En 1968 , pasados más de 30 años, se volvió a reformar la estructura tributaria basada en impuesto a la renta; al patrimonio y territorial. La base legal estuvo en el D.S. 203-68-HC que desarrolló los proyectos elaborados por la Comisión Revisora de la Legislación Tributaria creada por la Ley 16358 . La base legal se centró en torno al D.S. 287-68 -HC sobre Impuesto a la Renta y en 1972 el D.Ley 19620 sobre Impuesto a la Producción y Comercio de Bienes y Servicios que introdujo el esquema del IGV.

A la fecha estas normas están vigentes con diversas modificaciones, pero significan mayor exigencia de dinero para los contribuyentes. El Impuesto a la Renta es inequitativo y sus deducciones carecen de proporción frente a la realidad. El IGV y el Selectivo han subido sus tasas en forma exagerada para la capacidad contributiva, sin sentido técnico; sólo por afán de recaudar para aliviar la estrechez de la caja fiscal en forma coyuntural, por la ausencia de una política tributaria definida.

En 1962 la tasa general del impuesto de timbres (consumo) era del 4.5 por mil. En 1982 estaba en 5%. A la fecha es 19% en total. Este sistema incentiva la evasión, el contrabando y la falsificación de productos.

8. La «reforma tributaria» es necesaria, además, porque el país ha cambiado el rumbo de su ejecución presupuestal al apostar por las regiones y la descentralización. Ello supone reorientar el ingreso y el gasto; y los políticos deben entenderlo porque este viraje implica una profunda reforma del Estado, rompiendo el centralismo. Esta «reforma tributaria» debe partir del principio indiscutible de que el Estado, como superestructura social puede imponer tributos para ejecutar sus programas de desarrollo y acción social y económica; y que todos los peruanos debemos contribuir aportando según nuestra capacidad económica.

Pero, el contribuyente y el ciudadano común y corriente que pagan sus impuestos tienen derecho de saber para qué pagan impuestos; en qué y cómo se utiliza su dinero.

A la fecha el sistema tributario peruano está en crisis como lo está la clase gobernante en su conjunto, por la falta de programas de desarrollo y acción social y económica al corto, mediano y largo plazo, como lo viene expresando la Cámara de Comercio de Lima desde hace mucho tiempo.

Se nos imponen modificaciones de tasas tributarias sin mayor estudio ni sustento técnico; para solucionar las estrecheces fiscales del momento, elevándolas empíricamente como está ocurriendo con el IGV, sin responder a lineamientos técnicos. Es decir, no hay rumbo ni filosofía tributaria definidos y el ciudadano exige ahora que el Gobierno demuestre cómo y en qué utiliza sus ingresos, que provienen de todos los peruanos.

Con la globalización y los adelantos tecnológicos, los ciudadanos quieren conocer de manejos transparentes y no quieren pagar impuestos por pagarlos. Exigen que el Estado utilice adecuadamente sus ingresos. Es tiempo de hacer un punto de quiebre , pero para terminar con tanta improvisación y para manejar los tributos en forma técnica, sin improvisaciones ni soluciones de corto plazo.