Este proceso cuenta con varias etapas que van desde, la iniciativa legislativa, el estudio en comisiones, la publicación de los dictámenes en el Portal del Congreso en la Gaceta del Congreso o en el diario oficial El Peruano; el debate en el Pleno; la aprobación de la iniciativa y su promulgación. Cada una de estas etapas tienen sus características propias, siendo la más importante, luego de presentada la propuesta de ley, el estudio en comisiones, que es el escenario reducido y especializado donde los congresistas debaten las iniciativas.

Como resultado surgen los dictámenes, es decir, los documentos que contienen el relato pormenorizado de la propuesta, su evaluación legal, el análisis comparado con otras legislaciones así como la sumilla de las opiniones expuestas por las organizaciones ciudadanas y los gremios empresariales y laborales, entre otros aspectos.

Desinformación

Se aprecia del curso de los debates la desinformación exhibido por algunos legisladores frente a materias que son sometidas a su conocimiento, fruto seguramente, de un somero análisis de las normas y no de su exhaustivo estudio conforme correspondería, realidad que deriva del afán de presentar numerosas propuestas de ley sin mayor estudio de su repercusión.

Exhiben así una tendencia a presentar un número desmedido de iniciativas legislativas en un intento por figurar en las estadísticas, las cuales arrojan un número de mas de 6.000 proyectos registrados desde el año 2001.

En su mayoría estas propuestas carecen de fundamento legal y/o contienen propuestas como la declaratoria de cierto departamento como capital folklórica de algún arte, la particularización de normas genéricas ya dictadas en favor de ciertos sectores; el establecimiento legal de efemérides de personalidades y demás propuestas de índole declarativas pero sin ningún efecto positivo en el ordenamiento.

Costo-Beneficio

Ahora bien, las propuestas legislativas deben observar para su validez ciertos requisitos, tales como, la exposición de motivos que comprende los fundamentos que sustentan la creación de la norma; el efecto que de dicha norma se desprendería en la legislación nacional, la referencia al costo-beneficio; y, de ser el caso, su incidencia ambiental.

No obstante que el Reglamento del Congreso por propio mandato tiene fuerza de ley cuya aplicación le corresponde precisamente, a los legisladores quienes tienen, la obligación de acatarlo y actuar conforme a sus disposiciones, se aprecia un incumplimiento del mismo.

Así se presentan proposiciones de ley que carecen de los requisitos indicados y cuando los contienen, responden al cumplimiento de una mera formalidad sin una argumentación consistente y sin reflejar un análisis serio.

Ello nos conduce a comentar el funcionamiento de la tarea de los legisladores respecto de la “calidad” de sus proposiciones, es decir, su contribución al ordenamiento jurídico, supuesto que no se presenta en la mayoría de las propuestas presentadas las que en tal razón son remitidas al archivo.

Esta situación a criterio del Centro de Estudios Jurídicos y Legales de la Cámara de Comercio de Lima ha motivado la existencia de mas de 20 proyectos de ley antitécnicos que afectan al conjunto empresarial, basados fundamentalmente en su inviablidad constitucional, en el hecho que regulan materias ya reguladas o en que violentan el ordenamiento legal.

Sesiones del Pleno

Tema trascendental en el análisis del funcionamiento parlamentario es el relativo a la regla contenida en el segundo párrafo del artículo 51 del Reglamento, conforme al cual, “no pueden coincidir las sesiones de las Comisiones con las del Pleno o la Comisión Permanente, salvo que éstos la autoricen por ser de interés para el desarrollo y conclusión de los asuntos pendientes de decisión contemplados en la agenda”.

Estimamos que esta regla es contraproducente para una buena producción legislativa con las graves consecuencias que ello acarrea para la obtención de leyes eficientes. Ello por cuanto promueve algunos inconvenientes que entorpecen la labor legislativa, tales como, la inasistencia de los parlamentarios a las Comisiones, su traslado al y desde el Hemiciclo en donde se realizan las sesiones del Pleno; la falta de certeza en la determinación del quórum y la consecuente aprobación de dictámenes sin el debido análisis y sin la existencia siquiera de la mayoría de los miembros de una determinada Comisión.

Ante esta situación nos preguntamos. ¿Por qué no exigir que los acuerdos en cada una de las Comisiones Ordinarias, de Investigación y Especiales, se adopten con la mayoría absoluta de sus miembros? Ello traería como beneficio inmediato que los dictámenes aprobados cuenten, cuando menos, con una aceptación mayoritaria en las Comisiones, lo que facilitaría su posterior discusión y aprobación en el Pleno.

Estas modestas apreciaciones deben ser materia de estudio, análisis y debate de parte de los congresistas, sus asesores, los especialistas en Derecho Parlamentario y las personas vinculadas al quehacer legislativo, entre otros, a fin de lograr una modificación de los mecanismos que conduzca a una mas ágil y eficiente tarea en el Congreso nacional.

No podemos terminar esta nota sin dejar de formular una invocación a los congresistas a fin que previo a la aprobación de un proyecto de ley, reflexionen sobre la validez y viabilidad de sus propuestas, toda vez que resulta de suma importancia para el desarrollo del país la promulgación de normas que se traduzcan en herramientas de desarrollo para el país y no, como acontece actualmente, en que existe una gran cantidad de normas aprobadas por el Congreso que complican el panorama legal, no aportan efectos positivos en el desarrollo de la situación socio-económica, y que, lamentable, son en casos, materia de Observación por la Presidencia de la República.