El Art. 19 de la misma Ley establece las causales que tiene el demandado para contradecir la cobranza del título valor emitido en blanco (incompleto) si se ha llenado en forma contraria a los acuerdos adoptados, “acompañando necesariamente el documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante”.

La realidad

Este Proyecto se sustenta, según el congresista Morales, en una realidad que nos parece cierta y evidente: muchas personas necesitadas de crédito se ven obligadas a firmar letras de cambio o pagarés en blanco, u otros documentos, que luego son llenados por personas o entidades inescrupulosas, quienes ni les dan una copia del documento ni ponen por escrito los acuerdos adoptados para el llenado del documento; al final, estos papeles llenados al antojo del acreedor a veces resultan liquidando sumas impagables.

Los jueces no admiten explicaciones en contrario y aplican fríamente la Ley. Si no se puede probar que el documento fue firmado en blanco y que hubo acuerdos para su posterior llenado, con limitaciones en las tasas de interés, plazos, etc., el pobre deudor tiene que pagar aquello por lo que nunca se obligó voluntariamente.

La solución

El Proyecto Morales propone una solución que si bien podría colisionar con principios y aspectos doctrinales que orientan la emisión de títulos valores incompletos, es pragmática y concordante con la realidad de la mayoría de la población peruana y millones de consumidores que no tienen mayor información sobre los alcances de una ley tan técnica.

Morales propone que si no se cumple con lo que manda el Art. 10.2., el título valor será ineficaz y que quien emite un documento en blanco (incompleto) tiene derecho a obtener una copia legalizada o fedateada del mismo y no puede ser impedido de agregar en el documento que se limite su transferencia.

Preguntémonos cada uno de los abogados y empresarios lectores cómo operan estas situaciones en la práctica y le daremos la razón al congresista. Quién no se ha visto en la imperiosa necesidad de solicitar un crédito y tener que aceptar la firma en blanco de letras y pagarés, con la amable indicación de que oportunamente nos enviarán la copia del documento; que no será negociable y que los acuerdos sobre intereses, plazos, comisiones, etc., nos serán transcritos pero nunca nos llegan los documentos.

Esa historia no la creen los jueces. Ellos sólo aplican la ley fríamente y punto. Y es correcto, porque la Ley exige pruebas escritas y preconstituidas.

Análisis y Crítica del Proyecto Morales

Dos distinguidos expertos en Derecho Comercial critican negativamente el Proyecto. El Dr. Gino Sangalli Ratti dice que esta propuesta es ineficiente, genera costos adicionales y es inconstitucional. Sólo le aceptamos lo último, en lo demás no presenta mayor argumentación. Pero, nuestro gran amigo y colega en la Comisión Redactora del Proyecto de la Ley de Títulos Valores, Dr. Ricardo Beaumont Callirgos, expone diez razones para intentar una posición intermedia, terminando por manifestarse contrario al Proyecto.

La mayor parte de sus razonamientos son doctrinales. Es cierto que hay connotación penal por el abuso de firma en blanco, pero quien defrauda a su deudor imponiéndole condiciones que no fueron pactadas, tiene que aceptar el peso de sus decisiones, en lo civil y en lo penal.

Es cierto que la entrega de una copia del documento firmado en blanco y del texto donde consten los acuerdos para llenarlo posteriormente y la cláusula de “no negociabilidad” permiten resguardar al firmante y a terceros de buena fe, pero en la práctica esto no se cumple; y todos sabemos que es así, por la dinámica de los negocios y también, por la ignorancia de la ley o negligencia de las partes.

Es cierto que la Ley 27311 y la Circular G-0090- del 2001 emitida por la Superintendencia de Banca y Seguros apuntan a que empresas proveedoras, bancos y financieras cuiden que se cumpla el Art. 10 de la Ley de Títulos Valores, pero ellas no sólo se incumplen frecuentemente, sino que tienen sus defectos, como la referencia a acuerdos “implícitos” para el llenado de los títulos incompletos, cuando en materia comercial todo debe ser explícito (papelito manda) según dispone el Código de Comercio.

Es cierto que el Art. 10.2. no contiene un vacío, según como lo lee el Dr. Beaumont y que el que tiene un derecho debe saber exigirlo. Pero es más cierto que estamos ante una sociedad muy informal, poco conocedora de sus derechos y es labor social de abogados y bancos hacer una mayor difusión de estos derechos.

En lo que estamos de acuerdo –cien por ciento- con los dos expertos antes citados, es que se trata de un Proyecto que resulta inconstitucional –sólo y únicamente—, cuando se propone aplicarlo retroactivamente para los títulos valores incompletos (firmados en blanco) emitidos o aceptados antes de la vigencia de la Ley modificatoria.

Eso contraría el Art. 62 de la Constitución, o sea la libertad de contratación y creo que el congresista Morales lo entenderá y aceptará. Pero en todo lo demás su Proyecto está en concordancia con la realidad y con la protección al consumidor que la Constitución promueve.

CONCLUSIÓN

El Proyecto toca una debilidad de nuestra sociedad civil. La sintetiza Ricardo Beaumont:. “No dudo que en ocasiones se cometan abusos, pero las normas legales están dadas y hay que difundirlas. Si la SBS identifica a entidades financieras abusivas, debe investigarlas y sancionarlas con publicidad. La ciudadanía debe informarse sobre quiénes son los prepotentes. INDECOPI puede colaborar eficientemente, pero hay que reconocer, en gran parte, que la corrección de los atropellos dependerá de nosotros”.

En nuestra opinión el Proyecto Morales busca darle mayor seguridad jurídica a los obligados (deudores) cuando suscriban letras, pagarés y otros títulos valores incompletos, adecuando la Ley a la realidad. No debe tener efectos retroactivos ni comprender a títulos valores emitidos 90 días antes de la ley modificatoria, porque contraría el Art. 62 de la Constitución; y queda una gran labor para las entidades bancarias, financieras, gremios, colegios profesionales y el propio Congreso, para que divulgue permanentemente estos aspectos tan comunes en la contratación diaria, para que todos los peruanos conozcan el verdadero alcance de sus derechos, sepan alegarlos y exigirlos y respetemos al consumidor.