En ese sentido, debe apreciarse que los niveles de empleo urbano en empresas de 10 a más trabajadores aún se mantienen por debajo de los índices registrados a mediados del año 98. De igual modo, en lo que respecta a importaciones de bienes de consumo, éstas todavía son inferiores a lo adquirido antes de la recesión, tal como se aprecian en los gráficos adjuntos.

En efecto, el impacto de las sucesivas crisis internacionales, el fenómeno de El Niño y de la posición pro re-reeleccionista del régimen de ese entonces –traducida en inestabilidad política–, originó la ruptura de la cadena de pagos y con ello el consecuente deterioro del sector real de la economía, al cortarse los flujos de capital de trabajo.

Por tanto, entre 1998 y el año 2001, la actividad productiva en el agregado sumó algunos puntos porcentuales de crecimiento debido básicamente al comportamiento del sector primario, cuyo efecto en la economía doméstica del país es sumamente inferior frente al dinamismo que puede generar el crecimiento de sectores de valor agregado.

Ello explica por ejemplo que entre 1998 y el año 2002, 5,849 empresas hayan ingresado al sistema concursal. Esta cifra tiene una agravante mayor, si se considera que en el último año el 76% de las decisiones de la Junta de Acreedores es de liquidación.

El consumo

A pesar de estos efectos negativos, se destaca el impulso final al programa Mivivienda que se dio durante el actual Gobierno, que ha permitido después de mucho tiempo recuperar algún espacio en los sectores de valor agregado dado el amplio efecto multiplicador del ramo constructor en otras actividades de la economía.

Asimismo, en los últimos años el concepto de crisis finalmente se convirtió en oportunidad, puesto que el ajuste recesivo más la variable tecnológica, han generado competitivos negocios y descubierto increíbles nichos de mercado como el recientemente abierto, en el cono norte de la capital.

En este punto, especial atención merece el caso de los supermercados que entre 1997 y el año pasado han abierto 29 nuevas tiendas y su facturación ha pasado de US$ 665 millones a US$ 845 millones en el mismo lapso de tiempo. De igual modo, se aprecia el crecimiento del negocio de las tiendas por departamento, que hasta el año pasado movilizaban más de US$ 100 millones en colocaciones de créditos de consumo.

A criterio del Centro de Investigación Empresarial de la CCL la adaptación y/o generación de nuevos bienes y servicios, sumado a la reactivación generada a través de la construcción, está originando una recomposición en la estructura de la demanda doméstica al acercarse la oferta formal a sectores que normalmente eran atendidos por la informalidad.

En ese contexto, este fenómeno de consumo no necesariamente está yendo de la mano de una mejora sustancial en el poder adquisitivo de la población, más aun si se tiene en cuenta que los sueldos y salarios no han registrado mayor aumento en los últimos dos años y que el crédito del sistema financiero a pesar de haber aumentado, no registra una tendencia similar a la apreciada antes de la gran recesión.

Informalidad

Según estudios del Banco Mundial la informalidad en nuestro país representa el 57.9% de nuestro PBI, nivel sólo comparable con el 65.6% de Bolivia, pero significativamente inferiores a los índices de Colombia (35.1%), Ecuador (31.2%) o Chile (18.2%).

Otro parámetro para visualizar el impacto de la informalidad es la recaudación del IGV, el cual en estándares óptimos debería fluctuar para la economía peruana en el orden del 9% del PBI. Sin embargo, como se aprecia en el gráfico correspondiente, en el Perú se recauda sólo el 6.3% del PBI, marcando una diferencia respecto al óptimo del 2.7%.

De este último porcentaje más de la mitad comprende el impacto de las exoneraciones dispuestas por el Gobierno, lo que revela una evasión del IGV estimada cercana al 1.2% del PBI, es decir alrededor de US$ 700 millones o las dos terceras partes del déficit fiscal acordado con el FMI para este año.

Sostenibilidad

Bajo este panorama, para la Cámara de Comercio de Lima, uno de los elementos fundamentales para sostener y mejor aún incrementar el ritmo de crecimiento de la economía es generar un clima adecuado para la inversión, para que aumente a los niveles que se requiere y con base en ella crear empleo productivo, vía efectiva para reducir la pobreza.

En términos del PBI la inversión total está en el entorno del 18%, cuando se conoce que para garantizar un crecimiento del orden del 7% promedio anual debería estar en el rango del 27%; es decir, en cifras absolutas necesitamos alrededor de US$ 5,000 millones más de inversión anual.

Sólo así, se podrán introducir mecanismos eficientes de mercado como por ejemplo, la transformación de los créditos de Mivivienda en nueva inversión a través de la ejecución de un procesos de titulización de créditos hipotecarios.

Las 4 Condiciones

En ese sentido, para la CCL, un clima propicio para la inversión requiere que al menos estén presentes cuatro aspectos centrales: estabilidad macroeconómica, adecuada infraestructura física y de servicios, organismos públicos eficientes y eficaces, y estabilidad jurídica. Los cuatro factores a su vez dependen de un ambiente de estabilidad política.

· En cuanto a la estabilidad macroeconómica, se exige que se respeten los fundamentos macro vía prudentes políticas monetaria, cambiaria y fiscal, en particular ésta última pues siempre se encuentra en una situación difícil.
· La infraestructura es determinante para promover el ingreso de nuevas empresas y propiciar que el accionar del sector productivo sea competitivo. En este caso el concurso de la empresa privada es fundamental, dado que el sector público no dispone de los recursos. Por deficiencia e insuficiencia de infraestructura se estima que anualmente las exigencias de inversión están en el entorno de los US$ 4,000 millones, cifra ampliamente superior al presupuesto público para gasto de capital, que bordea apenas los US$ 1,200 millones.
· El funcionamiento eficiente y eficaz de las entidades y organismos públicos a nivel central, regional y local es fundamental para asegurar que los agentes económicos puedan actuar con libertad y que el mercado evolucione sin trabas y de manera competitiva, lo que permite una adecuada asignación de recursos.
· La estabilidad jurídica y el imperio de la ley son indispensables no sólo para atraer la inversión sino para que la propia economía de mercado pueda funcionar. En ese contexto, es difícil hablar de un ambiente propicio para la inversión cuando la ley de leyes, la Constitución, está nuevamente siendo modificada y se cuestionan y vulneran contratos entre privados y el Estado.