Un último estudio del Centro de Investigación Empresarial de la CCL, revela que
si bien los índices de actividad productiva actualmente se encuentran por encima de los observados en los años previos a la gran recesión de 1998 al 2001, ello no
necesariamente implica una recuperación consistente de la capacidad de consumo
de la población, con respecto al señalado período.
En ese sentido,
debe apreciarse que los niveles de empleo
urbano en empresas de 10 a más trabajadores
aún se mantienen por debajo de los índices
registrados a mediados del año 98. De igual
modo, en lo que respecta a importaciones de
bienes de consumo, éstas todavía son inferiores
a lo adquirido antes de la recesión, tal como
se aprecian en los gráficos adjuntos.
En efecto,
el impacto de las sucesivas crisis internacionales,
el fenómeno de El Niño y de la posición pro
re-reeleccionista del régimen de ese entonces
–traducida en inestabilidad política–, originó
la ruptura de la cadena de pagos y con ello
el consecuente deterioro del sector real de
la economía, al cortarse los flujos de capital
de trabajo.
Por tanto,
entre 1998 y el año 2001, la actividad productiva
en el agregado sumó algunos puntos porcentuales
de crecimiento debido básicamente al comportamiento
del sector primario, cuyo efecto en la economía
doméstica del país es sumamente inferior frente
al dinamismo que puede generar el crecimiento
de sectores de valor agregado.
Ello explica
por ejemplo que entre 1998 y el año 2002,
5,849 empresas hayan ingresado al sistema
concursal. Esta cifra tiene una agravante
mayor, si se considera que en el último año
el 76% de las decisiones de la Junta de Acreedores
es de liquidación.
El consumo
A pesar de
estos efectos negativos, se destaca el impulso
final al programa Mivivienda que se dio durante
el actual Gobierno, que ha permitido después
de mucho tiempo recuperar algún espacio en
los sectores de valor agregado dado el amplio
efecto multiplicador del ramo constructor
en otras actividades de la economía.
Asimismo, en
los últimos años el concepto de crisis finalmente
se convirtió en oportunidad, puesto que el
ajuste recesivo más la variable tecnológica,
han generado competitivos negocios y descubierto
increíbles nichos de mercado como el recientemente
abierto, en el cono norte de la capital.
En este punto,
especial atención merece el caso de los supermercados
que entre 1997 y el año pasado han abierto
29 nuevas tiendas y su facturación ha pasado
de US$ 665 millones a US$ 845 millones en
el mismo lapso de tiempo. De igual modo, se
aprecia el crecimiento del negocio de las
tiendas por departamento, que hasta el año
pasado movilizaban más de US$ 100 millones
en colocaciones de créditos de consumo.
A criterio
del Centro de Investigación Empresarial de
la CCL la adaptación y/o generación de nuevos
bienes y servicios, sumado a la reactivación
generada a través de la construcción, está
originando una recomposición en la estructura
de la demanda doméstica al acercarse la oferta
formal a sectores que normalmente eran atendidos
por la informalidad.
En ese contexto,
este fenómeno de consumo no necesariamente
está yendo de la mano de una mejora sustancial
en el poder adquisitivo de la población, más
aun si se tiene en cuenta que los sueldos
y salarios no han registrado mayor aumento
en los últimos dos años y que el crédito del
sistema financiero a pesar de haber aumentado,
no registra una tendencia similar a la apreciada
antes de la gran recesión.
Informalidad
Según estudios
del Banco Mundial la informalidad en nuestro
país representa el 57.9% de nuestro PBI, nivel
sólo comparable con el 65.6% de Bolivia, pero
significativamente inferiores a los índices
de Colombia (35.1%), Ecuador (31.2%) o Chile
(18.2%).
Otro parámetro
para visualizar el impacto de la informalidad
es la recaudación del IGV, el cual en estándares
óptimos debería fluctuar para la economía
peruana en el orden del 9% del PBI. Sin embargo,
como se aprecia en el gráfico correspondiente,
en el Perú se recauda sólo el 6.3% del PBI,
marcando una diferencia respecto al óptimo
del 2.7%.
De este último
porcentaje más de la mitad comprende el impacto
de las exoneraciones dispuestas por el Gobierno,
lo que revela una evasión del IGV estimada
cercana al 1.2% del PBI, es decir alrededor
de US$ 700 millones o las dos terceras partes
del déficit fiscal acordado con el FMI para
este año.
Sostenibilidad
Bajo este panorama,
para la Cámara de Comercio de Lima, uno de
los elementos fundamentales para sostener
y mejor aún incrementar el ritmo de crecimiento
de la economía es generar un clima adecuado
para la inversión, para que aumente a los
niveles que se requiere y con base en ella
crear empleo productivo, vía efectiva para
reducir la pobreza.
En términos
del PBI la inversión total está en el entorno
del 18%, cuando se conoce que para garantizar
un crecimiento del orden del 7% promedio anual
debería estar en el rango del 27%; es decir,
en cifras absolutas necesitamos alrededor
de US$ 5,000 millones más de inversión anual.
Sólo así, se
podrán introducir mecanismos eficientes de
mercado como por ejemplo, la transformación
de los créditos de Mivivienda en nueva inversión
a través de la ejecución de un procesos de
titulización de créditos hipotecarios.
Las 4 Condiciones
En ese sentido,
para la CCL, un clima propicio para la inversión
requiere que al menos estén presentes cuatro
aspectos centrales: estabilidad macroeconómica,
adecuada infraestructura física y de servicios,
organismos públicos eficientes y eficaces,
y estabilidad jurídica. Los cuatro factores
a su vez dependen de un ambiente de estabilidad
política.
· En cuanto
a la estabilidad macroeconómica, se exige
que se respeten los fundamentos macro vía
prudentes políticas monetaria, cambiaria y
fiscal, en particular ésta última pues siempre
se encuentra en una situación difícil.
· La infraestructura es determinante para
promover el ingreso de nuevas empresas y propiciar
que el accionar del sector productivo sea
competitivo. En este caso el concurso de la
empresa privada es fundamental, dado que el
sector público no dispone de los recursos.
Por deficiencia e insuficiencia de infraestructura
se estima que anualmente las exigencias de
inversión están en el entorno de los US$ 4,000
millones, cifra ampliamente superior al presupuesto
público para gasto de capital, que bordea
apenas los US$ 1,200 millones.
· El funcionamiento eficiente y eficaz de
las entidades y organismos públicos a nivel
central, regional y local es fundamental para
asegurar que los agentes económicos puedan
actuar con libertad y que el mercado evolucione
sin trabas y de manera competitiva, lo que
permite una adecuada asignación de recursos.
· La estabilidad jurídica y el imperio de
la ley son indispensables no sólo para atraer
la inversión sino para que la propia economía
de mercado pueda funcionar. En ese contexto,
es difícil hablar de un ambiente propicio
para la inversión cuando la ley de leyes,
la Constitución, está nuevamente siendo modificada
y se cuestionan y vulneran contratos entre
privados y el Estado.