Las autoridades de ese portafolio, olvidan y desconocen la existencia de esos documentos, que resumen la opinión y posición técnica del ente regulador frente al último sistema tarifario arbitrariamente establecido por el gobierno.

Asimismo, la CCL sostiene que el costo mínimo del transporte –establecido por la ilegal “fe de erratas” del 22 de mayo último al D.S. 021-2003-MTC-, no sólo transgrede la Carta Magna y las leyes que garantizan las inversiones (Dec.Leg. 662 y 757) sino que también vulnera la propia Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre .

Frente a ello, la Cámara “demanda la intervención de diversas entidades como la Defensoría del Pueblo, el Congreso, el INDECOPI, las asociaciones de defensa de los usuarios y hasta los colegios profesionales a fin de que se logre restablecer el ordenamiento jurídico que debe imperar en todo Estado de Derecho, más aun cuando se está vulnerando la Constitución y se lesionan los derechos de los usuarios y consumidores”.

Antecedentes

Como se recuerda, la famosa banda tarifaria contenida en el Art. 64 del D.S. 040-2001-MTC, así como los cuatro reglamentos de la Ley General del Transporte, fueron materia de consulta ante la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI. Como resultado de esta indagación la entidad reguladora -mediante informe 056-2001/GEE- llegó a las siguientes conclusiones:

1.- El Art. 64 resulta la más nociva y transgresora norma del ordenamiento jurídico vigente, constituyendo un retroceso a la desregulación económica en materia de transporte público.

2.- El régimen de libre competencia previsto en el Dec.Leg. 651 (1991) figura en la Ley General de Transporte 27181 (Arts. 4 y 23), en los que se expresa que “el Estado incentiva la libre y legal competencia en el transporte”.

3.- Por lo tanto, el Art. 64 es ilegal, toda vez que transgrede lo establecido en los Arts. 1 del Dec. Leg. 651, y 4 y 23 de la Ley General del Transporte.

4.- La ilegalidad evidenciada es más gravosa aún –sostiene INDECOPI- tratándose del servicio de transporte de mercancías, pues esta actividad es eminentemente privada, por lo que no cabe por ningún motivo que la autoridad administrativa, fije precios en ese servicio.

5.- INDECOPI recuerda asimismo que la Ley General de Transporte 27181 ha cambiado la naturaleza del servicio de transporte de pasajeros, de un servicio público a una actividad privada regulada, con lo cual, lo correcto y apropiado es sustituir el término “tarifa” por el de “precio contractual”.

6.- Finalmente, el ente regulador señala que el Art. 64 de la banda tarifaria, también transgrede lo establecido en el Art. 4 del Dec. Leg. 757, el cual señala que los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de servicios públicos conforme a ley del Congreso.

A todo esto se añade que la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre igualmente dispone que son aplicables las normas de protección al consumidor, siendo competente para la supervisión de su cumplimiento la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI.

Otro Informe que desconoció el MTC

La Cámara de Comercio de Lima revela asimismo que un segundo documento enviado el 14 de febrero pasado al propio titular del MTC por la secretaría técnica de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI (el oficio 18-2003/CCL – INDECOPI del 14.2.2003), sobre el proyecto de establecer los costos mínimos ha sido de igual modo, desconocido por el referido portafolio.

En ese informe, preparado como respuesta a la consulta del estudio “Metodología de Determinación de Costos para el servicio público de transporte de pasajeros en ómnibus y de carga de camión”, el INDECOPI recomienda al ministro de Transportes, Javier Reátegui Roselló, que su portafolio revise de inmediato el D.S. 049-2002-MTC (que establece los costos mínimos en el transporte de carga), tomando en cuenta los siguientes aspectos:

1.- El INDECOPI conoce y sanciona toda práctica monopólica, controlista y restrictiva de la libre competencia.

2.- La libre competencia implica que el mercado se desarrolle en función a la oferta y la demanda. Eso es algo que se determina de forma espontánea y cada empresa fija sus precios.

3.- Excepcionalmente, se pueden fijar precios a los servicios públicos y para ello se requiere una ley del Congreso.

4.- Las personas y autoridades que intervienen en la formación de precios, serán sancionadas conforme al Dec. Leg. 701.

5.- Al referirse a los costos mínimos (D.S. 049-2002-MTC y resoluciones 04 y 28-2003-SUNAT), INDECOPI considera que no contribuyen al desarrollo de una economía de libre mercado, pues indirectamente generarían uniformidad de precios en el mercado e incremento artificial de los mismos.