Compartimos con los países
del tercer mundo la triste realidad de encontrarnos
permanentemente enfrascados en una reforma tributaria.
El tema es recurrente en nuestro medio por la escasez
de los recursos fiscales, y por la imposibilidad,
todavía grande, de incorporar al sistema
de recaudación a un creciente número
de evasores.
Se ha escrito extensamente sobre
las causas que han convertido la evasión
en un mal endémico de nuestra economía,
y respecto del cual, sólo exhibimos modestos
resultados hasta el momento.
El tema tiene innumerables aristas
y sólo puede encararse si se enfrenta en
forma conjunta y simultánea, a través
de un esfuerzo multidisciplinario, concitando la
participación activa de los actores involucrados
en el proceso de recaudación.
Miguel Mur Valdivia
En consecuencia, sostengo que la
verdadera reforma tributaria sólo puede alcanzarse
a través de un pacto o entendimiento social,
al que debemos llegar en breve plazo para no postergar
el desarrollo sostenido de nuestra economía.
Sin duda, a un acuerdo de esta naturaleza
no se llega fácilmente, pues se requiere
de particular talento, paciencia, espíritu
conciliador, para que tras largas sesiones de trabajo,
las opiniones se encuentren y encaminen hacia un
objetivo común, que reconoce los diferentes
puntos de partida con áreas de convergencia.
La verdadera reforma tributaria pasa
entonces por consensuar las posiciones para diseñar
un régimen tributario esencialmente estable
en el tiempo, que a la larga se torne en la mejor
carta de presentación del régimen
fiscal. Esta reforma debe plasmarse en textos claros,
coherentes e inteligibles, a fin de evitar dudas
que dejan la puerta abierta para incansables conflictos
administrativos y judiciales.
En este contexto, la estructuración
de una reforma integral del sistema impositivo debe
tener en cuenta lo siguiente:
1. Conjugar el derecho del Estado
a la recaudación, con la demanda de los contribuyentes
para que las aportaciones no pongan en riesgo su
estabilidad presente y futura.
2. La creación de un régimen tributario
administrable, con los principios de equidad y respeto
a los derechos fundamentales de los contribuyentes.
3. La formulación de un régimen fiscal
con aptitud para solventar las necesidades del Estado,
con el reconocimiento de que estas necesidades deben
ajustarse a la capacidad contributiva de las personas.
4. La existencia de una administración tributaria
con las atribuciones para fiscalizar y proteger
la recaudación del Estado, respetando el
derecho de los contribuyentes a ser tratados dentro
del marco de reglas de mutua confianza y de sujetos
encaminados hacia el logro de un interés
común.
Para el logro de estos propósitos,
la reforma tributaria demanda el concurso de gente
talentosa y de diversas especialidades, en línea
con el carácter multidisciplinario de la
tributación.
Por ello, además de los
políticos y autoridades públicas y
gremiales, en su formulación deben participar
los economistas, para dar cuenta sobre las posibles
consecuencias financieras de las medidas tributarias,
así como los abogados, para informar sobre
la adecuación del régimen impositivo
al marco jurídico del país. De igual
modo, deben tomar parte los contadores, para ilustrar
sobre los efectos de la norma en los estados financieros;
los administradores, para que opinen sobre la administración
del régimen; e incluso los sociólogos,
sicólogos y comunicadores sociales, para
que las bondades de la reforma sean correctamente
comprendidas y asumidas por la población.
Como se aprecia, la reforma tributaria es una tarea
compleja, que no tendrá éxito sólo
con el voluntarismo del Gobierno. Una verdadera
reforma tributaria proviene del consenso que logren
el Gobierno, la administración, los contribuyentes
y los técnicos.
Ojalá que esto sea percibido
así por las autoridades para lograr una reforma
impositiva coherente y que perdure en el tiempo,
evitando los continuos parches que sólo buscan
cubrir el hueco fiscal, generando una permanente
inestabilidad y zozobra en los agentes productivos.