Con la promulgación de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, se ha dado un gran paso, pero nos llama a reflexión algunas de las posibles interrogantes que podrían circundar las próximas elecciones del 17 de noviembre.

Como dice Ricardo Uvalle Berrones, de la Universidad Autónoma de México, en su artículo, Descentralización Política y Federalismo: Consideraciones sobre el caso de México: “El Estado, como la organización política de la sociedad, es un conjunto de capacidades al servicio del bien común y es la institución que permite a la sociedad que su vida civil y pública sea impulsada con principios, normas y criterios de institucionalidad (...) Por la descentralización, el Estado dirige, coordina y enlaza poderes territoriales, regionales y comunitarios para lograr la estructuración del poder nacional que él encara y representa”.

Esta administración indirecta con resultados que supongan en conjunto un incremento del bienestar en la región o localidad, es el reto que debemos de afrontar y ojalá podamos alcanzar.
A la mencionada Ley promulgada, necesariamente deberá sumarse otra Ley Orgánica de Regionalización, que tenga la capacidad de definir de la manera más explícita posible las competencias y funciones de los Gobiernos Regionales.

Esa delimitación permitirá marcar las pautas de lo que pueda hacer el próximo presidente Regional y su equipo en el camino hacia la autonomía económica, política y administrativa de su región.

Adicionalmente, al adecuado marco legal que deberá acompañar al proceso, las cualidades gerenciales (que incluyen, el dotarse de los adecuados niveles tanto de asesoría, como de personal de “Staff”) del candidato elegido, le permitirán desarrollar e implementar el diseño estratégico de su jurisdicción, como la gran guía para el manejo responsable de sus recursos y de sus obras, que tiendan a formar una sociedad más equitativa entre sus miembros y eficientemente articulada con el plano socio-económico nacional, entre otros aspectos.

El eje central de la descentralización será su relación estructural con el poder político (quién cederá su jerarquía, según avance el mencionado proceso), pero, en nuestro tránsito ¿cómo se articulará esta relación?, ¿con predominio del Ejecutivo o del Legislativo, se organizará nuestra nueva forma de Gobierno?, son algunas de las preguntas que quedan por descifrar.

Pero, pese a que todo lo antes mencionado pueda alcanzarse con el tiempo.

¿Cómo lograr que también el Estado, que encarna y representa a toda la sociedad civil, logre efectivamente una estructuración articulada del poder nacional, con obras que permitan una redistribución justa de la riqueza con crecimiento?, ese es realmente el gran reto para el que debemos de prepararnos; dotar adecuadamente al nuevo equipo regional de técnicas modernas de gestión, parecería más sencillo de lograr, que un candidato presidencial que aglutine el consenso técnico y político como para poder construir un Perú distinto y digno para nuestros hijos.

En este orden de ideas, le corresponderá una gran y compleja tarea por desarrollar al Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE ), órgano dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien se encargará de la variada coordinación del proceso de descentralización entre el Estado y los próximos Gobiernos Regionales a ser elegidos. Su actuación debe ser meritoria y sin opción a errores, nuestro futuro se lo exige.