El tema de la descentralización
tiene que ver mucho con el reparto del poder, es
decir, la antítesis del centralismo que durante
décadas concentró el poder en Lima,
nuestra ciudad capital.
Con la promulgación de la
Ley de Bases de la Descentralización, Ley
N° 27783, se ha dado un gran paso, pero nos
llama a reflexión algunas de las posibles
interrogantes que podrían circundar las próximas
elecciones del 17 de noviembre.
Como dice Ricardo Uvalle Berrones,
de la Universidad Autónoma de México,
en su artículo, Descentralización
Política y Federalismo: Consideraciones sobre
el caso de México: El Estado, como
la organización política de la sociedad,
es un conjunto de capacidades al servicio del bien
común y es la institución que permite
a la sociedad que su vida civil y pública
sea impulsada con principios, normas y criterios
de institucionalidad (...) Por la descentralización,
el Estado dirige, coordina y enlaza poderes territoriales,
regionales y comunitarios para lograr la estructuración
del poder nacional que él encara y representa.
Esta administración indirecta con resultados
que supongan en conjunto un incremento del bienestar
en la región o localidad, es el reto que
debemos de afrontar y ojalá podamos alcanzar.
A la mencionada Ley promulgada, necesariamente deberá
sumarse otra Ley Orgánica de Regionalización,
que tenga la capacidad de definir de la manera más
explícita posible las competencias y funciones
de los Gobiernos Regionales.
Esa delimitación permitirá
marcar las pautas de lo que pueda hacer el próximo
presidente Regional y su equipo en el camino hacia
la autonomía económica, política
y administrativa de su región.
Adicionalmente, al adecuado marco
legal que deberá acompañar al proceso,
las cualidades gerenciales (que incluyen, el dotarse
de los adecuados niveles tanto de asesoría,
como de personal de Staff) del candidato
elegido, le permitirán desarrollar e implementar
el diseño estratégico de su jurisdicción,
como la gran guía para el manejo responsable
de sus recursos y de sus obras, que tiendan a formar
una sociedad más equitativa entre sus miembros
y eficientemente articulada con el plano socio-económico
nacional, entre otros aspectos.
El eje central de la descentralización
será su relación estructural con el
poder político (quién cederá
su jerarquía, según avance el mencionado
proceso), pero, en nuestro tránsito ¿cómo
se articulará esta relación?, ¿con
predominio del Ejecutivo o del Legislativo, se organizará
nuestra nueva forma de Gobierno?, son algunas de
las preguntas que quedan por descifrar.
Pero, pese a que todo lo antes mencionado
pueda alcanzarse con el tiempo.
¿Cómo lograr que también
el Estado, que encarna y representa a toda la sociedad
civil, logre efectivamente una estructuración
articulada del poder nacional, con obras que permitan
una redistribución justa de la riqueza con
crecimiento?, ese es realmente el gran reto para
el que debemos de prepararnos; dotar adecuadamente
al nuevo equipo regional de técnicas modernas
de gestión, parecería más sencillo
de lograr, que un candidato presidencial que aglutine
el consenso técnico y político como
para poder construir un Perú distinto y digno
para nuestros hijos.
En este orden de ideas, le corresponderá
una gran y compleja tarea por desarrollar al Consejo
Nacional de Desarrollo (CONADE ), órgano
dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros,
quien se encargará de la variada coordinación
del proceso de descentralización entre el
Estado y los próximos Gobiernos Regionales
a ser elegidos. Su actuación debe ser meritoria
y sin opción a errores, nuestro futuro se
lo exige.