La diferencia entre las tasas de crecimiento de los sueldos y salarios está determinada básicamente por el stock de capital humano y puede ser vista como el rendimiento de la inversión en servicios como la educación. La evidencia empírica demuestra que la falta de conocimientos es la principal barrera que enfrentan los individuos para acceder a ingresos mayores y uno de los principales factores que limita la competitividad de la actividad empresarial”, explica Puelles en un detallado informe sobre el fracaso del Estado en la administración del sistema educativo.

En ese sentido, recuerda que el aumento de la inversión privada en la primera parte del noventa permitió a la economía peruana crecer a tasas de 7% por año, sin embargo, el impacto sobre el bienestar de los individuos menos capacitados fue mínimo: Los sueldos del sector privado –ligados estrechamente a la mano de obra calificada– crecieron a un ritmo mayor que los salarios –ligados a la mano de obra poco calificada– que quedaron rezagados. En 1990 el ingreso de un empleado (sueldo) equivalía a 1.76 veces el ingreso de un obrero (salario), hacia 1997 esta relación aumentó a 2.67 veces (52%).

Para Puelles el servicio de la educación es la transmisión organizada del conocimiento, y por tanto es un negocio descubierto por el mercado para satisfacer las necesidades de información que el individuo demanda para mejorar su productividad y obtener mayores ingresos futuros. De esta manera, continúa, la educación se convierte en una alternativa de inversión, una inversión en uno mismo, cuyo rendimiento está en función de las preferencias del mercado.

Por ejemplo, se estima que cada año adicional de estudio reduce la probabilidad de constituir una familia pobre en dos puntos porcentuales.

DISTORSIONES

El estudio del economista del Instituto de Libre Empresa detecta doce distorsiones generadas por la intervención estatal en la educación, entre las que destacan la imposibilidad de realizar un eficiente cálculo económico, dado que las entidades públicas, a diferencia de las empresas enfrentan serias restricciones para evaluar correctamente su desempeño en términos de satisfacción del consumidor, incurriendo y promoviendo errores en lugar de aciertos.

El estudio advierte también que el Estado ocupa un espacio que no puede ser copado simultáneamente por las organizaciones privadas, además de restringir la competencia entre las pocas entidades privadas que se desempeñan en el sector educativo.

Así, según el estudio, bajo al actual contexto, sería difícil para una pequeña empresa implementar una empresa de servicios educativos y competir con el Estado en una zona “plagada” de colegios públicos.

En el Perú las organizaciones educativas privadas generan un producto de US$ 1,800 millones anualmente, es decir, alrededor del 3.5% del PBI global. Entre 1993 y

1997, período en el cual la economía global creció a un ritmo de 7% por año, el PBI de la educación privada creció apenas a un ritmo de 3% por año, limitado por la fuerte expansión del Estado en el sector a través de la construcción de colegios y academias pre universitarias.

Finalmente, se considera que la participación del Estado en el sector educativo distorsiona el mercado laboral, lo cual se refleja en el hecho de que existe una marcada preferencia por los profesionales egresados de universidades privadas y por tanto en el diferencial de ingresos.

LAS PROPUESTAS

Puelles resalta en su estudio que si bien las reformas estructurales aplicadas a inicios de los ‘90 contribuyeron a mejorar la situación económica del Perú, a través de la promoción de la inversión privada en sectores como la minería, el comercio y los servicios, y coadyuvaron de forma indirecta a incrementar el stock de capital humano, el intento por promover la inversión privada en la educación fue tímido.

Por ello se resalta una alternativa ampliamente discutida y aplicada en algunos países como Chile, que es sustituir el subsidio a la oferta, por un subsidio de demanda. Esta propuesta fue sustentada inicialmente por el premio Nobel en economía, Milton Friedman, quien propuso un sistema de bonos o vouchers para financiar la educación de los más pobres.

El sistema de los bonos es un mecanismo que no excluye la participación del Estado en el financiamiento y redistribución de los recursos, pero que le retira a la burocracia estatal la responsabilidad de organizar, administrar y proveer este servicio. La educación sería brindada por el sector privado, mientras que el Estado seguiría financiando la educación de parte de los individuos a través de certificados que las escuelas recibirían para luego transformarlos en dinero. Empero, el economista anota que a pesar que esta propuesta promueve la competencia no elimina el problema moral.

En suma, la solución propuesta por el informe pasa por separar al Estado de la educación, eliminar burocracia (por ejemplo: Ministerio de Educación, etc.), reducir impuestos y dejar a las familias y empresas que libremente decidan el qué, cómo y cuánto producir. El dinero particular sustituiría al de los impuestos. El mercado se encargaría de proporcionar infinidad de posibilidades a los individuos.