En efecto la Ley de Bases de Descentralización
aprobada por el Congreso de la República
en los últimos días de junio, establece
el cronograma de ese proceso electoral, así
como los ámbitos, funciones y atribuciones
de los nuevos gobiernos regionales.
En cuanto a los recursos, la norma indica que
las rentas de los gobiernos regionales estarán
constituidas por las transferencias, los tributos
y los derechos que se generen por las privatizaciones,
concesiones y servicios que otorguen, así
como por los recursos del Fondo de Compensación
Regional. El 28% de los ingresos por privatizaciones
corresponderá al Tesoro Público
y el 72% se destinará a las regiones.
La norma también indica que mediante Ley
se podrán crear tributos a favor de los
gobiernos regionales y éstos a su vez,
al igual que los municipios, podrán crear
tasas y contribuciones.
Finalmente señala que el gobierno de las
regiones estará conformado por tres estamentos.
El Consejo Regional, como órgano normativo
y fiscalizador, la Presidencia, como órgano
ejecutivo y el Consejo de Coordinación
Regional, como órgano consultivo y de coordinación
integrado por los alcaldes provinciales y representantes
de la sociedad civil.
Falta saber cómo se conformarán
los Consejos Regionales, especie de parlamentos
regionales
a fin de evitar los vicios de los
asambleísmos que por su fácil manipulación
terminan por lo general siendo instancias politizadas,
demagógicas e improductivas.
HACIA LA TRANSFERENCIA ORDENADA
En este contexto y a fin de que
la descentralización sea ordenada para un
crecimiento y desarrollo sostenidos, que contribuyan
a consolidar la democracia, debe ser un proceso
gradual para no generar cambios traumáticos
en su relación con el poder.
Ocurre que con frecuencia en nuestro
país se ha confundido descentralización
con regionalización, pues mientras ésta
significa sólo una delimitación territorial,
la descentralización constituye, o debe constituir,
tanto la transferencia de recursos, como de las
decisiones para que los propios pueblos enrumben
su destino y el desarrollo de su comunidad.
Pero ello exige igualmente, una
adecuada organización y profesionalismo para
garantizar que tanto los recursos como las decisiones
sean adecuadamente administradas. No debemos ignorar
algunas experiencias decepcionantes en el contexto
latinoamericano, donde los organismos descentralizados
originaron gastos irracionales ocasionando graves
desbalances en las cuentas fiscales.
Actualmente la distorsión
en el flujo de recursos de Lima a las provincias
hace que en muchos casos más del 80 por ciento
de esas partidas en los municipios o en los gobiernos
transitorios, se destinen a los gastos corrientes
dejando así sólo un 20 por ciento
para los proyectos de inversión, por lo que
casi siempre el volumen de los recursos entregados
a las provincias, a fin de evitar
