Si aspiramos a un crecimiento sostenido en una economía libre y competitiva que garantice el desarrollo, es decir, progreso económico y equidad social, es indispensable contar con una Política de Estado Permanente que involucre todas las actividades de la vida nacional. De este modo, será posible no sólo institucionalizar el país para consolidar la democracia, sino también evitar el comportamiento pendular de nuestra economía y política, que en desmedro de la necesaria estabilidad nos ha hecho fluctuar entre los extremos del populismo y del liberalismo.

Un paso previo para ello es definir la nueva Constitución, con un texto conciso que contenga los grandes lineamientos de política y así soslayar los cambios que se dan en la Ley de las Leyes con un promedio de cada tres lustros, como ha sucedido en los 181 años de vida republicana generando una permanente inestabilidad.

Estados Unidos por ejemplo ha mantenido los principios fundamentales de su Carta Magna con obvias adecuaciones al contexto histórico desde 1776, lo que le ha dado al gran país del norte la solidez económica y política que ostenta.

Los agentes económicos, los inversionistas y las instituciones del país requieren del escrupuloso respeto al Estado de Derecho, lo que se fundamenta en la seguridad jurídica y en la preservación de reglas claras y estables.

En este contexto, los grandes objetivos de asegurar la gobernabilidad, el crecimiento y desarrollo, la competitividad, el desarrollo de las instituciones y la ética pública en el país establecidos en el Acuerdo Nacional, constituyen sin duda loables propósitos que marcan la hoja de ruta para los próximos 20 años.

En realidad nadie podría estar en contra de estos temas que son aspiraciones generales, pero para materializarlos es indispensable establecer las correspondientes acciones fijando metas y un cronograma para su cumplimiento. Para ello se requieren adoptar las siguientes decisiones fundamentales:

limitando la competitividad del país.

Asimismo el Ejecutivo y el Congreso de la República, sin menoscabo de la autonomía de poderes, deben establecer con sentido patriótico y al margen de todo cálculo político, una permanente coordinación en la elaboración, debate y aprobación de las normas que requiere el país.

Una solvente administración exige además mantener la disciplina fiscal que conlleva un escrupuloso equilibrio presupuestal con una mayor eficiencia y eficacia en el gasto público, así como la culminación de las reformas estructurales, enfatizando la mejora de la educación y la salud, para optimizar la productividad y la eficiencia económica del país.
De igual modo, en la actual coyuntura el país entero espera de los más altos niveles de gobierno, liderazgo y rápidos reflejos en la toma de decisiones y que gobierne y administre adecuadamente y con pulcritud las leyes y los recursos del país, sin menoscabo de las investigaciones para sancionar con la mayor severidad los actos de corrupción.

Dentro de estos parámetros, además de presentar el Plan de Trabajo del nuevo Gabinete, el premier Luis Solari, debe diseñar en su informe ante el Congreso de la República, las bases para la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo para el mediano y largo plazo. Este Plan debe comprender una agenda mínima para el corto plazo, que permita al gobierno resolver los problemas coyunturales que tienen que ver fundamentalmente con la reactivación de la economía, para combatir el desempleo y el subempleo.

Precisamente por la ausencia de estas previsiones, nuestra gran tragedia ha sido y es que, en una especie de mesianismo, todo nuevo Gobierno quiere inventar el Perú.

Por ello, ha llegado el momento que a través de una Política de Estado que permanezca en el tiempo, se garantice la continuidad del país, preservando lo bueno, perfeccionando lo rescatable y dejando de lado lo que no sirve, porque el Perú no comienza, ni termina con nosotros.

Lima, julio de 2002

Javier Aida Susuki
Presidente de la Cámara de Comercio de Lima