pro mercado como las del ex-ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski, y del ex-primer Ministro, Roberto Dañino, han motivado que a pesar de las duras críticas, se avance con procesos controvertidos como EGASA y EGESUR, el entorno político propiciado tanto por el Gobierno como por la oposición, han hecho naufragar estrepitosamente estas importantes iniciativas.

Este es el primer punto a superar en una renovada estrategia de promoción de la inversión privada, la misma que espera un mensaje concreto del Gobierno en torno a las reformas de mercado, sobre todo ante una posible onda populista que parte del Congreso de la República, propugnando una intervención específica en cada sector de la economía a través de las políticas regulatorias y subsidios y/o exoneraciones puntuales.

Teniendo claro estos conceptos, recién el Gobierno podrá separar el grano de la paja en cuanto al tema de privatizaciones, potencializando una estrategia de comunicación tendiente a destacar los beneficios concretos del proceso y desvirtuando aquellas tendenciosas medias verdades disfrazas con las estadísticas.
Así, por ejemplo, es falso que el proceso de privatización, no haya generado mayor empleo, ya que sólo en energía y telecomunicaciones pasaron de 19,000 puestos de trabajo en 1993 a 54,500 puestos de trabajo, es decir se experimentó un crecimiento de casi 190%.

PRO INVERSION

Por otra parte, se debe también diferenciar el objetivo pro inversión del objetivo pro fiscal del proceso de privatización. Si bien el Gobierno requiere de los recursos obtenidos por la transferencia de activos públicos a manos

privadas para financiar su déficit, ello no debe ser el principal objetivo de esta reforma estructural.

En contraparte, debe destacarse lo obtenido gracias a los recursos de privatización, desagregando inteligentemente las obras realizadas, sin dejar de reconocer sin embargo que en el acumulado, los ingresos recibidos no han sido utilizados eficientemente.
En el período de 1991 a mayo del 2002, de un total de US$ 7,270 millones

obtenidos por privatizaciones, al gasto público se destinó US$ 4,980 millones, US$ 1,712 millones para cubrir el déficit fiscal, US$ 999 millones para la defensa y solamente US$ 453 millones se orientó al gasto sectorial (agricultura, transporte, comunicaciones, vivienda y otros).

En adelante hay que destinar estos recursos al sector productivo y para ello es indispensable introducir a los procesos de privatizaciones y concesiones una contundente dosis de transparencia.
El Perú no puede darse el lujo de que Arequipa pierda otros US$ 175 millones –30 veces más de los US$ 6 millones que recibe anualmente del erario público–, por la desinformación sobre el tema.