pro mercado como las del ex-ministro
de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski,
y del ex-primer Ministro, Roberto Dañino,
han motivado que a pesar de las duras críticas,
se avance con procesos controvertidos como EGASA
y EGESUR, el entorno político propiciado
tanto por el Gobierno como por la oposición,
han hecho naufragar estrepitosamente estas importantes
iniciativas.
Este es el primer punto a superar en una renovada
estrategia de promoción de la inversión
privada, la misma que espera un mensaje concreto
del Gobierno en torno a las reformas de mercado,
sobre todo ante una posible onda populista que parte
del Congreso de la República, propugnando
una intervención específica en cada
sector de la economía a través de
las políticas regulatorias y subsidios y/o
exoneraciones puntuales.
Teniendo claro estos conceptos,
recién el Gobierno podrá separar el
grano de la paja en cuanto al tema de privatizaciones,
potencializando una estrategia de comunicación
tendiente a destacar los beneficios concretos del
proceso y desvirtuando aquellas tendenciosas medias
verdades disfrazas con las estadísticas.
Así, por ejemplo, es falso que el proceso
de privatización, no haya generado mayor
empleo, ya que sólo en energía y telecomunicaciones
pasaron de 19,000 puestos de trabajo en 1993 a 54,500
puestos de trabajo, es decir se experimentó
un crecimiento de casi 190%.
PRO INVERSION
Por otra parte, se debe también
diferenciar el objetivo pro inversión del
objetivo pro fiscal del proceso de privatización.
Si bien el Gobierno requiere de los recursos obtenidos
por la transferencia de activos públicos
a manos
privadas para financiar su déficit,
ello no debe ser el principal objetivo de esta reforma
estructural.
En contraparte, debe destacarse
lo obtenido gracias a los recursos de privatización,
desagregando inteligentemente las obras realizadas,
sin dejar de reconocer sin embargo que en el acumulado,
los ingresos recibidos no han sido utilizados eficientemente.
En el período de 1991 a mayo del 2002, de
un total de US$ 7,270 millones
obtenidos por privatizaciones, al
gasto público se destinó US$ 4,980
millones, US$ 1,712 millones para cubrir el déficit
fiscal, US$ 999 millones para la defensa y solamente
US$ 453 millones se orientó al gasto sectorial
(agricultura, transporte, comunicaciones, vivienda
y otros).
En adelante hay que destinar estos
recursos al sector productivo y para ello es indispensable
introducir a los procesos de privatizaciones y concesiones
una contundente dosis de transparencia.
El Perú no puede darse el lujo de que Arequipa
pierda otros US$ 175 millones 30 veces más
de los US$ 6 millones que recibe anualmente del
erario público, por la desinformación
sobre el tema.