Parlamento
debe priorizar su acción normativa ¿Quo
Vadis
.................Congreso?
A un año de instalado
el nuevo gobierno gran parte del riesgo político
y de desconfianza e inseguridad que perciben
los agentes económicos y en especial
los inversionistas, tienen su origen en la
actitud mostrada por un sector del Congreso
de la República.
En consecuencia para garantizar
la gobernabilidad y la democracia el país
requiere de un Congreso eficiente y eficaz, en sintonía
con las reales aspiraciones de la ciudadanía
y con la necesidad de propiciar un entorno adecuado,
estable y seguro para el desarrollo de la economía
y de las inversiones.
Lamentablemente en los últimos
doce meses con contadas excepciones, se aprecia
en algunos legisladores la tentación de ceder
a las presiones populistas, a costa de perjudicar
al país, con iniciativas que distorsionan
los fundamentos de la economía de mercado
que garantiza la Constitución vigente.
A esto hay que añadir que
con el aparente afán de contentar a todos,
no sólo se han creado nuevos cargos en el
Congreso, sino también infinidad de comisiones
que diluyen las funciones, duplican el trabajo,
incrementan los gastos y atentan contra la fluidez
de su labor, dilatando los acuerdos y la toma de
decisiones.
La CCL estima que en una democracia,
el Congreso de la República es el escenario
de los grandes debates y que asimismo es su responsabilidad
fiscalizar el adecuado uso de los recursos públicos
y por lo mismo de investigar todos los casos de
corrupción, pero debe priorizar el trabajo
legislativo, porque el país requiere con
urgencia el debate y la aprobación de leyes
para el desarrollo.
Al parecer no hemos aprendido las
amargas lecciones de la historia, de parlamentos
improductivos cuándo no obstáculos
a la gobernabilidad, que dieron lugar en el pasado
a la interrupción de la democracia, cuando
lo que se deben buscar son reglas de interacción
con el Ejecutivo más propicias, para un juego
político constructivo.
La CCL invoca a los partidos políticos
y en especial los que tienen la responsabilidad
de normar, legislar y de administrar el país,
a no caer en este juego, que nos condujo en el pasado
al autoritarismo, a la corrupción y al desmanejo
de la economía.
LO QUE
SE DEBE HACER
Por todo lo expuesto y en el propósito
de asegurar la confianza y la seguridad
jurídica para atraer las
inversiones que el país requiere
y de armonizar el trabajo entre el Congreso
y el Ejecutivo, la Cámara de Comercio
de Lima, formula los siguientes planteamientos:
Que en
el Congreso de la República se establezca
un trabajo coordinado, primero entre los
representantes del gobierno y de éstos
con los demás grupos políticos,
a fin de lograr rápidos consensos.
Garantizar
una agenda de trabajo que priorice las
leyes que requiere el país en armonía
con lo previsto en la Constitución.
Ésta es la única forma de
restablecer y garantizar la confianza y
la seguridad, a fin de evitar el riesgo
político que a su vez genera el riesgo
país.
Archivar
los proyectos de ley que establecen
rigideces en la legislación laboral
incorporando cláusulas paternalistas
y que atentan contra la competitividad del
país, ahuyentando las inversiones.
Evitar proyectos
que conllevan iniciativas de gasto sin
precisar las fuentes de financiamiento.
El Congreso legisla y fiscaliza, pero es
el Ejecutivo quien administra el país,
guardando el equilibrio entre lo que se
recauda y lo que se gasta para garantizar
el equilibrio fiscal.
Disminuir
racionalmente el número de comisiones
y subcomisiones concentrando el trabajo
en las comisiones ordinarias, evitando la
duplicidad de funciones y de trabajo y mayores
gastos en asesoría y apoyo. De esta
manera, se ganará fluidez en los
dictámenes, así como en los
debates para la aprobación de las
normas.
Priorizar
la dación de las normas que el
país requiere sin menoscabo de su
labor fiscalizadora y de investigación
de todos los casos de corrupción.
Hay que evitar la excesiva sobreexposición
de los casos de corrupción que no
sólo distraen al país de los
temas de fondo como son la reactivación
de la economía y la generación
de más empleo, sino que también
perjudican la imagen del país.
Modificar
el Reglamento Interno del Congreso,
para propiciar una mejor relación
con el Ejecutivo, a fin de que esa interacción
sea simultáneamente funcional, constructiva
y de control recíproco. Se trata
de lograr un trabajo complementario entre
el Ejecutivo y el Congreso, para evitar
por un lado la neutralización de
la función fiscalizadora del Congreso,
y por otro, la parálisis del Ejecutivo.
Fortalecer
el apoyo técnico al proceso de deliberación
y decisión legislativa, creando
mecanismos para una mayor participación
de la sociedad civil en este proceso. Para
el efecto se propone establecer un sistema
de análisis de los proyectos de ley
previo y concurrente a las comisiones parlamentarias,
implementando las audiencias públicas
y las sesiones descentralizadas de las comisiones.
Por último,
es urgente la aprobación de una nueva
Ley de Partidos Políticos, que
propicie una representación calificada
para garantizar la solvencia de las leyes.
Se debe asimismo propugnar la renovación
por tercios del Congreso de la República,
lo que permitiría una evaluación
permanente de su trabajo y un estímulo
a los que propiciaron normas constructivas
y fiscalizaron debidamente el uso de los
recursos públicos.
