Este documento ha sido promovido por los congresistas ( en su mayoría ex-dirigentes sindicales) que integran la Comisión de Trabajo del Congreso, donde el tema central es la “estabilidad laboral absoluta” incorporada bajo la denominación de “readmisión en el empleo”. Este proyecto al igual que otras disposiciones ya aprobadas resultan totalmente ajenas a la generación de empleo o al mejoramiento de su calidad para obtener más competitividad.

En este contexto consideramos inoportuno el debate del proyecto de la Ley General de Trabajo, porque este tema debe quedar a resultas del nuevo texto Constitucional, a cuya discusión se ha abocado el Congreso, por cuanto existen puntos críticos que deben ser resueltos previamente, como la definición del modelo económico, el pleno respeto a los contratos entre particulares y el Estado; y la preservación del arbitraje como jurisdicción de excepción, entre otros.
Ocurre que no se puede legislar sobre empleo si no se transita –previamente– por la vía económica que oriente las reglas de juego para la inversión y reactivación.

Asimismo, la CCL ha planteado la necesidad de tomar como referencia la legislación comparada en materia laboral, toda vez que en el escenario latinoamericano, el Perú es uno de los países que concede mayores beneficios laborales (ver cuadro comparativo).

Esto, unido a otros sobrecostos, no hace sino restarle competitividad a las empresas, por ejemplo en la exportación de sus productos, además de constituir un freno a las inversiones nacionales y extranjeras, como alternativas para generar empleo productivo.

No es posible subsistir en un medio en que el empresario formal es tratado como un sistemático evasor de impuestos y explotador de trabajadores y que por tanto requiere de normas coercitivas y

sancionadoras, sin prever que en muchos casos tales normas devienen en ilusorias o están condenadas a su violación, debido a la imposibilidad material de cumplirse.
Este entorno agudiza la situación del micro y pequeño empresario, que requiere de un régimen laboral especial, temporal y promocional, como lo ha propuesto recientemente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, recogiendo –en parte– la reiterada propuesta de la CCL.

Si como resultado de la crisis generalizada, el propio Estado expide normas de austeridad limitando sus gastos considerando, por ejemplo, una gratificación de S/. 200 para los trabajadores a su cargo. resulta contradictorio que actúe de modo distinto al regular la actividad privada, presumiendo que las empresas sí están en condiciones de asumir beneficios mayores, olvidando que el dinero no proviene de las arcas fiscales.

Por último, preocupa también a los empresarios que con las rigideces establecidas por las últimas normas laborales, se legisle sólo para un 15% de la Población Económicamente Activa (850,000 aproximadamente) que figura en planilla, olvidándose del 85% de la PEA (más de 4´500,000 aproximadamente) que está desocupado, subempleado o trabaja en la informalidad, sin beneficios laborales, ni seguridad social.