Preguntas
como ¿Cuál es el mejor modelo de texto
legal al que debería apuntarse? o ¿Cuáles
serían los elementos que deben regularse
en una ley general de la actividad portuaria?,
cobran singular vigencia, en el Perú,
considerando que somos el único país
sudamericano que no ha encarado de forma
resuelta y completa la reforma del sector
portuario.
A lo largo de nuestras costas,
los más importantes puertos del país
como Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco, Matarani,
Ilo y principalmente el Callao, se han ido
relegando en el tiempo al no poder contar
con un gobierno que se preocupara por encarar,
de una manera resuelta y completa, una reforma
que vaya a la par con los nuevos requerimientos
de la globalización.
Para el especialista en temas de transporte,
puertos y aduanas, Antonio
Marinetto Calvo-Flores, el origen de
ese problema se relaciona con el hecho de
que en el Perú no se han dado aún
las condiciones de demanda y consenso político
y social necesarias para impulsar una reforma
de la actividad portuaria y convencer a los
involucrados en ella de la idoneidad de proceder
a una revisión a fondo del sector,
de la necesidad de hacerlo por el bien general
que de ello se desprende y de la rentabilidad
social que comportará esta reforma
para todo el país.
Construyendo
una Ley
Dada estas circunstancias, Marinetto plantea
la necesidad de encontrar el mejor modelo
de texto legal al que debería apuntarse
y los elementos que, en todo caso, deberían
regularse en una ley general de la actividad
portuaria.
“¿Debe hacerse
una ‘ley marco’ de carácter
conceptual general, que regule los aspectos
primarios de la actividad, dejando para el
instrumento reglamentario el desarrollo operativo
o práctico de los conceptos regulados?
¿O debe hacerse una ley reglamentarista
y muy atada que asegure que nadie ‘se
la pondrá debajo del brazo’ en
provecho propio por vía del reglamento?”,
manifiesta el experto, quien advierte que
no habrá respuesta clara y, por ende,
no habrá modelo definido, mientras
estas “cuestiones previas” no hayan
sido dirimidas y clasificadas previamente.
Luego de tomarse una decisión en relación
con la disyuntiva primera, vendría
a plantearse otra pregunta igual de importante
que la anterior: ¿Qué deberá
contener la ley y con qué nivel de
definición?
“Una ley que pretenda regular una actividad
de interés general, como la portuaria,
en un escenario de promoción de desarrollo
sostenible –manifiesta Marinetto–
debe contener las regulaciones mínimas
que permitan gobernar la coyuntura de cada
momento, desde la actual en adelante, sin
poner trabas políticas, económicas,
operativas o procedimentales innecesarias,
que impidan o dificulten su adaptabilidad
para asegurar la cobertura de las demandas
derivadas de escenarios futuros, generados
por la propia dinámica de desarrollo
que se pretende implantar”, sostiene.
