La reciente incursión de dos de los más importantes partidos políticos del país en la agenda económica, a través de un amplio listado de propuestas y buenas intenciones ha revelado una de las principales carencias del actual Gobierno: la definición de un paquete de medidas integradas que coadyuven al ansiado crecimiento sostenido con equidad.No le hace nada bien al país la imagen de un Ministerio de Economía apagando incendios ocasionados por un Parlamento con renovados aires populistas o por el recurso facilista de ofrecer lo que no se tiene a disponibilidad. Tampoco inspira confianza el hecho de que el grupo de profesionales de la actual administración que hasta el momento han puesto un relativo orden, sean los más golpeados por la oposición y la propia bancada de Gobierno.
En consecuencia, debemos apoyar y reforzar el actual bosquejo de hoja de ruta para el país que está diseñando el primer ministro Roberto Dañino y su equipo, priorizando el proceso de concertación, las propuestas de Reforma del Estado, el Programa Nacional de Competitividad y el proyecto de Ley de la Promoción de la Inversión Privada.

En esa línea de ideas, debemos partir de la premisa de que no podremos solucionar los problemas inmediatos en tanto y en cuanto no se trace una estrategia para afrontar los grandes retos de mediano y largo plazo del Perú. Sin embargo, la exigencia de establecer la visión y misión de nuestro país al año 2020 ó 2030,la buena voluntad del APRA, Unidad Nacional o cualquier agrupación política e institución de la sociedad civil, cuyas sugerencias, no obstante, siempre deben ser bienvenidas. A la par, se debe aplicar un paquete de medidas integradas que aceleren el proceso de reactivación de la economía y propicien que éste alcance a los sectores de menores recursos.
Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima ha planteado una serie de alternativas que no irrogarían ni un centavo al fisco y que tendrían un efectivo y amplio alcance reactivador.
Estamos hablando de la lucha contra el contrabando y la difusión de las compras estatales. Sólo con la ampliación de la demanda del sector público a las pequeñas y micro empresas de todo el país se estarían liberando más de US$ 2,500 millones al año, mientras que atacando el contrabando se eliminaría una impresionante fuente de evasión, estimada en el orden de los US$ 700 millones anuales. Asimismo, ambas medidas ayudarían a combatir una de las principales causas de nuestro sub desarrollo: la informalidad.
El Perú no puede perder más tiempo en discusiones bizantinas y amenazas políticas. Es el momento de apuntar hacia un norte definido con un liderazgo responsable y coherente que atienda las prioridades de nuestro querido país.

Ing. Samuel Gleiser Katz
Presidente de la Cámara de Comercio de Lima

tampoco puede abstraernos de las grandes necesidades nacionales.
Por ello resulta de extrema urgencia establecer un orden de prioridades, el cual necesariamente debe partir de la propia administración gubernamental –para eso fueron elegidos– y no de