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1.
Reconocer que la descentralización
es parte importante de la reforma del Estado,
por lo que debe ser concebida como un proceso
que requiere constante evaluación.
Por lo mismo, debe ser liderada por una autoridad
con rango ministerial que permanezca hasta
la culminación del proceso, con la
suficiente autonomía y pleno respaldo
del Ejecutivo y del Congreso de la República.
2.
Iniciar la descentralización de las
competencias y funciones en lo político,
económico y administrativo de manera
planificada y gradual, lo que implica la revisión
de la legislación y los procedimientos
administrativos para evitar la duplicidad
de funciones entre el gobierno central y los
gobiernos regionales y locales.
3.
Iniciar el fortalecimiento de los municipios
como ejes del proceso de descentralización,
mientras se vayan conformando las regiones
previstas en la Constitución. Esto
significa delegar progresivamente a los gobiernos
locales de las provincias las decisiones en
el ámbito de su competencia, asignándoseles
además los recursos correspondientes.
4.
Este
proceso debe ir acompañado de la descentralización
fiscal de manera que los municipios tengan
una mayor participación en la asignación
de estos recursos a través del Presupuesto
General de la República.
5.
El trasvase progresivo de responsabilidades
a los gobiernos locales debe incluir los servicios
comunales de salud, educación, tránsito,
seguridad, planeamiento urbano, economía
popular y medio ambiente entre otros. Para
ello, debe darse una nueva Ley Orgánica
de Municipalidades que afirme su autonomía
administrativa, económica y política
restituyéndoles facultades y competencias.
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6.
Priorizar la dotación de infraestructura
a las provincias en carreteras, puertos, aeropuertos,
caminos de penetración y servicios
básicos, para atraer inversiones e
impulsar un efectivo crecimiento económico
de las regiones, a fin de detener las corrientes
migratorias de personas y empresas a las grandes
ciudades. Esta mayor infraestructura permitirá
facilitar en particular las exportaciones
de los bienes producidos en las provincias.
7.
Enfatizar la educación y la transferencia
tecnológica, a fin de que las regiones
se inserten competitivamente en la economía
globalizada. De este modo, se propiciará
la formación de ciudades de desarrollo
intermedio que en su ámbito sustituyan
a Lima, asumiendo funciones y actividades
de orden económico, político
y cultural, hasta hoy concentradas en la capital.
8.
Democratizar
la información pública a fin
de que las ciudades más apartadas conozcan
cómo y a qué se destinan los
recursos públicos provenientes de su
contribución mediante impuestos y de
los préstamos internos y externos.
9.
Culminar con la reforma del Estado, definiendo
las diversas competencias y funciones en lo
económico, político y administrativo,
con un marco legal idóneo que permita
una ordenada desconcentración administrativa.
10.
En cualquier caso, los gobiernos regionales
elegidos deben contar a fin de no agotarse
en el “asambleísmo”, con
el necesario soporte técnico para la
formulación y ejecución de los
proyectos. Este grupo de trabajo debe estar
integrado por representantes de los gremios
empresariales, laborales, profesionales, de
las universidades y de otras organizaciones
de la sociedad civil de su jurisdicción
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