Durante el certameri la CCL y la Asamblea Nacional de Rectores hicieron una encuesta de opinión entre sus 3,000 asociados ya nivel nacional entre las Cámaras de Comercio de provincias y las universidades que participaron en el foro, con resultados francamente reveladores.

La mayor corrupción según el 82.22% de los encuestados ocurre en los organismos públicos donde el 52.63% señala que la modalidad más frecuente es la sobrevaluación en las adquisi- ciones. El 94.74% opina que los mayores casos de corrupción se dan en el Poder judicial, un
96.00% señala que en las fuerzas armadas y policiales, un 78.95% en los municipios y un 92.10% en los ministerios.
Entre tanto, el 76.32% de los encuestados dijo que él o algún miembro de su familia fueron en algún momento víctimas de la corrupción, revelando que el 36.84% no tomó ninguna acción por desconfiar de la eficacia de las autoridades para sancionar estos hechos.
La principal causa de la corrupción según el 81.57% está en la ausencia de valores, por lo que todos coincidieron en señalar la necesidad de enfatizar la educación para promover desde la escuela una cultura de la honestidad

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PROPUESTAS

Sustentada en estas opiniones y como fruto del análisis y reflexiones de los tres días que duro el foro, la Cámara de Comercio de Lima y las universidades plantearon al nuevo gobierno adoptar las siguientes macro decisiones que apuntan a una acción colectiva para desterrar la corrupción.

• En el plano interno, promover y apoyar la fonnación de la Red Nacional de Contraloría Ciudadana, que sin menoscabo de la acción de la Contraloría General de la República como órgano gubernamental, participe en la fiscalización y control no solo del uso y destino de los recursos públicos, sino también en la valoración del desempeño de las instituciones.
• En el plano internacional, proponer a través de la Organización de Estados Americanos la formación de un Frente o Coalición Internacional Contra la Corrupción, con la participación de los gobiernos y la sociedad civil.

ASIMISMO, SUGIRIERON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

• Fomentar la cultura de la honestidad mediante una educación destinada a fortalecer los valores éticos y morales desde las escuelas hasta los centros de estudios superior. El apoyo de los medios de comunicación en esta tarea es fundamental.
• Garantizar un Poder Judicial y Ministerio Público realmente autónomos, con jueces y fiscales probos.
• Revisar las nornas jurídicas que tienen que ver con la sanción de los delitos de fraude y corrupción tratando de annonizar su contenido, haciendo más severas las penas para los delitos cometidos en agravio del Estado.
• Exigir que las autoridades del Poder Ejecutivo, Congreso de la República, Poder Judicial,
  Municipios y demás organismos del Estado, incluyendo a los funcionarios y asesores que tengan que ver con el manejo de los Fondos Públicos, presenten y hagan pública su Declaración Jurada de Bienes y Rentas al momento de entrar y salir del cargo que desempeñaron.
• Propender a un Estado pequeño, fuerte, eficiente y eficaz. Para ello se debe culminar con la reforma del Estado, que involucra la descentralización y privatizaciones y concesio nes para transferir al sector privado la activi dad productiva. El Estado debe ser promotor y
  normativo.
• Eliminar la discrecionalidad otorgada a algunas autoridades y funcionarios para evitar que en uso de esas atribuciones impongan condiciones a los agentes económicos que distorsionan el proceso productivo, elevan sus costos y precios y contribuyen a deteriorar la calidad de los bienes y servicios destinados a la sociedad.
• Prohibir en la Constitución Política la reelección presidencial consecutiva, para evitar la prolongación y concentración del poder, lo que diluye toda posibilidad de control y fiscalización.
• Fortalecer la institucionalidad incluyendo la modernización de las organizaciones políticas. Ello implica democratizar la organización de los partidos políticos que son intermediarios de la voluntad ciudadana.
• Garantizar la transparencia en la información pública, incluyendo la referida a los recursos destinados a las Fuerzas Armadas, a fin de que la sociedad civil, es decir los contribuyentes que con sus impuestos solventan los gastos del fisco, sepan cómo y en qué se destinan esos recursos.
• Establecer estímulos especiales para los que denuncian actos de corrupción, dándoles por ejemplo una mención de honor como paradigmas dignos de emulación
• Por último, convocar la decidida participación de la prensa invocándoles informar y orientar débida y oportunamente sobre el desempeño de la gestión pública y contribuir a la investigación y denuncia de los actos de corrupción.