Una reforma estructural pendiente que debe ser afrontada con decisión y firmeza por el nuevo gobierno a partir del próximo 28 de julio, es culminar con la reforma del Estado que implica -entre otros grandes aspectos- la fusión o eliminación de algunos de los actuales organismos públicos y ministerios, convirtiéndolos en entes mucho más eficaces y expeditivos en la toma de decisiones, pero, sobretodo, para evitar la duplicidad de gastos y propender a la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La Cámara de Comercio de Lima considera que este es un tema urgente que inexplicablemente fue postergado por el gobierno anterior, a pesar de la serie de estudios y recomendaciones formuladas tanto en el ámbito nacional como por los organismos multilaterales, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su "Marco de Referencia para los Programas de Modernización del Estado y Fortalecimiento de la Sociedad Civil" y el Banco Mundial mediante sus "Informes sobre el Desarrollo".

La mejora de la eficiencia en el manejo de las finanzas públicas que conlleva la reducción y reorientación del gasto, es indispensable en cualquier programa que aspire retomar la senda del crecimiento, dotar al país de infraestructura básica allí donde el sector privado no invierte, mejorar la atención de la salud, elevar el nivel educativo y atender al gran número de nuestros compatriotas que se encuentran en situación de extrema pobreza.
Se trata de 1'102,622 peruanos para ser más exactos, de acuerdo a las cifras del nuevo mapa de la pobreza elaborado por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social.
Parte de esta tarea implica trasladar al sector privado aquellas funciones donde el Estado no debe actuar no solo por su propia naturaleza y por su insuficiencia de recursos, sino por la incapacidad que demostró al hacerlo y los graves actos de corrupción en que incurrió.
Una primera ola de esta reforma fue precisamente la privatización de las empresas públicas, que también quedó a medias y que igualmente urge retomar y terminar. Lo mismo ha sucedido con el programa de concesiones, que marcha con significativa lentitud.

Pero, en lo que respecta a la eliminación o fusión de organismos y ministerios, no debe haber más demora, pues cada minuto que pasa le significan al Tesoro Público millonarias pérdidas que al final de cuentas somos nosotros, todos los peruanos, quienes las pagamos con nuestros impuestos. Más aún, esto último conlleva a la pérdida o no generación de empleos productivos en el sector privado.
Hay casos clamorosos de duplicidad de funciones y falta de coordinación.
Muchas veces diferentes instituciones públicas han contratado personal, realizado estudios técnicos y presupuestado construcción de obras para las mismas localidades, con lo que eso significa en términos de recursos, duplicar los gastos.
O la situación de niños de los comedores populares y clubes de madres que reciben hasta dos desayunos diarios, uno proporcionado por el Ministerio de Educación y otro por el Pronaa, cuando hay otros que no reciben siquiera un pan por las mañanas.

NUESTRAS PROPUESTAS

Por lo expuesto y en consonancia con los mencionados estudios del BID y el BM sobre la materia, la Cámara de Comercio de Lima propone al nuevo gobierno -como planteamiento inicial-, la recomposición de los actuales ministerios, sobre la base de la fusión de algunos y el mantenimiento de otros, de la siguiente manera:

• Presidencia del Consejo de Ministros.
• Ministerio de Economía, Finanzas, Comercio y Relaciones Comerciales Internacionales.
• Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Ministerio de Defensa.
• Ministerio del Interior.
• Ministerio de Justicia.
• Ministerio de la Producción (Industria, Agricultura, Pesquería, Minería y Turismo).
• Ministerio de Desarrollo Social (Educación, Salud, Trabajo, de la Mujer y el Desarrollo Humano).
• Ministerio de Infraestructura (Energía, Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción).

De los actuales 16 ministerios (incluyendo la jefatura del Gabinete Ministerial) se pasaría a 9. En principio esto permitiría al presidente de la República sesionar con menos ministros y tomar decisiones más rápidas. Pero, además, un significativo ahorro en personal e infraestructura.
En este contexto, la Cámara de Comercio de Lima considera central atender otro de los factores esenciales de esta reforma, cual es lograr que se eleve el nivel de capacitación e ingresos de los trabajadores públicos.
La administración pública no debe seguir siendo la agencia de empleos de los gobiernos ofuncionarios de turno, donde el mérito para ingresar sea una tarjeta de recomendación o un carné partidario, sino que debe convocar a los profesionales mejor calificados, que conozcan a profundidad el tema a que se dediquen.
No basta recortes de gastos coyunturales, sino emprender de una vez por todas la reforma integral del Estado, que tampoco será una acción inmediata sino que comprenderá todo un proceso de adecuación que tomará su tiempo, por lo que mientras más pronto se inicie, mejor.
En este empeño corresponderá un papel muy importante al nuevo Congreso de la República, que deberá actuar con igual decisión y firmeza para aprobar las leyes que se necesiten.
La Cámara de Comercio de Lima confía en que la gravedad de la crisis en que se encuentra el país, sea el acicate para que nuestras nuevas autoridades, legítimamente elegidas en comicios irreprochables, cumplan la misión para la que han sido elegidas.