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Julio 2001 -  No. 2299

Revista 2299

 

Por Eduardo Lastra Domínguez*

Hay consenso respecto a que estamos sufriendo los efectos de una indeseada recesión, que se abandonaron las reformas estructurales y que recién con la gestión del gobierno de transición encabezado por el constitucionalista Valentín Paniagua Corazao se comienza a respirar un clima democrático.
En respuesta a esta situación y en orden a su urgencia, lo primero que debe hacerse es reactivar la economía. Ciertamente que para ello se tiene un estrecho margen de maniobra, cara al manejo responsable del equilibrio fiscal y monetario.
Sin embargo, la constatación de que las empresas y las familias (en su mayoría) hemos "tocado fondo" ponen en el primer lugar de la agenda la atención de las demandas sociales.
En ese sentido, el equipo económico del próximo presidente constitucional tiene la desafiante tarea de diseñar y aplicar una política económica realmente pragmática, que sin descuidar la esencia de las leyes del mercado restituya las funciones normativas y reguladoras del Estado, con la finalidad de poner la economía al servicio de la persona, en ese afán de materializar el tan mentado rostro humano de la próxima gestión gubernamental, justamente nacida desde la protesta de los "cuatro suyos".
Como la emergencia no debe hacer olvidar lo importante, al lado de programas temporales de empleo productivo, la dinamización agresiva de las obras de construcción y el uso intensivo de la capacidad ociosa industrial, tiene que atenderse las reformas estructurales, cuya implementación es lo que hará sostenible al proceso de crecimiento económico.
Frente a una opción de desarrollo donde la iniciativa y la actividad privadas son las responsables de la generación de empleo y por tanto de riqueza, la competitividad es la clave. Para que ella se dé a plenitud. El Estado tiene que garantizar el más libre juego de la competencia para que los consumidores dispongan de los bienes y servicios de la mejor calidad a precios cada vez menores.
Es en este espíritu que, las privatizaciones y concesiones pendientes tienen que ser entendidas y ejecutadas, antes que como una fuente de ingresos para la caja fiscal, ni altas remuneraciones para los funcionarios "privatizadores", como un medio de fortalecer los mercados y servir al consumidor.
En este mismo orden de ideas, la colosal tarea de reformar el Estado tiene que ir más allá de una simple modificación de organigramas o reducción de ministerios y despido de trabajadores, para concebir un aparato burocrático al servicio de los ciudadanos de carne y hueso. Necesitamos una administración pública moderna, comprometida con hacerle la vida fácil al empresario, al trabajador, al simple hombre de la calle. Queremos funcionarios públicos capacitados con actitud de servicio y honestos, que en contrapartida a ese desempeño reciban remuneraciones decentes.
Iniciar, lo antes posible, el esfuerzo por la verdadera descentralización de nuestro país, brindará una oportunidad invalorable para generar una dinámica de aprendizaje entre los trabajadores del gobierno central, regional y municipal, en la eficiencia y eficacia administrativa, que bajo la mirada vigilante de una sociedad civil más activa, también consolidarán los valores éticos de quienes trabajan desde Estado para la ciudadanía.
Pero como ya sabemos que no sólo de pan vive el hombre, la convivencia civilizada es muy importante. Para que podamos respirar permanentemente un clima democrático la institucionalidad es fundamental.
Para que haya institucionalidad tienen que existir instituciones sólidas y respetables. Comenzando desde los poderes del Estado, hasta las familias, pasando por los gremios y las organizaciones políticas.
Cuando veamos que el diálogo (y hasta la discusión) se produce de manera respetuosa tanto intra como inter institucionalmente; cuando sean frecuentes las sugerencias para resolver los problemas nacionales y estos aportes sean valorados por las autoridades; cuando los actos de corrupción sean socialmente reprochados y la justicia sancione a los culpables, entonces se estará poniendo las bases de una auténtica vida democrática.
El presidente Alejandro Toledo tiene la preciosa oportunidad de hacer que las expectativas positivas por su elección se consoliden en la satisfacción aceptable de las necesidades urgentes y poner las primeras piedras de un futuro sin miseria ni ignorancia.


* Presidente del ILADE y director de la Revista AVANCE ECONOMICO.

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