La reciente alza de las tarifas telefónicas autorizadas por OSIPTEL ha puesto nuevamente en el centro del debate el rol de los organismos reguladores.
Hay quienes piensan (mayormente los consumidores), que su función es impedir el alza de las tarifas y otros quienes opinan (generalmente sectores del gobierno) que por lo mismo deben depender del ministerio del respectivo sector (energía, telecomunicaciones, infraestructura). Esta situación no hace otra cosa que evidenciar la urgente necesidad de que se aclare ante la opinión pública, como lo acaban de adelantar voceros del gobierno, cuál es el verdadero rol y para qué fueron creados los organismos reguladores.
En términos objetivos, el papel de los organismos reguladores es cautelar que se mantenga un justo equilibrio a fin de evitar extremos como serían, de parte del Estado, exigir que se fortalezcan los beneficios del servicio a la sociedad -lo que provocaría pérdidas a las empresas concesionarias-, o, del otro lado, que éstas prioricen la obtención de utilidades perjudicando a los usuarios con tarifas altas.
Para cumplir este rol, los organismos reguladores deben contar con absoluta independencia del Estado, de los usuarios y de las empresas de operadoras. La única manera de garantizarlo es otorgándoles rango constitucional, con plena autonomía operativa y presupuestal.
De esa única manera los organismos reguladores podrán actuar al margen de cualquier influencia o presión de las autoridades políticas de turno, de las empresas operadoras del servicio e incluso de los propios usuarios.
La Cámara de Comercio de Lima conceptúa que en esta era de la globalización, en que el rol de la iniciativa privada cobra mayor protagonismo, se debe transferir a la sociedad civil las funciones y responsabilidades que la burocracia le expropió durante años, a fin de consolidar la democracia y modernizar la economía.
Otra necesidad es que tanto los entes reguladores como las empresas concesionarias entiendan la importancia de contar con un flujo permanente y transparente de información acerca de la estructura del costo de las tarifas y de la tecnología incorporada para optimizar los servicios.
Las empresas operadoras deben reconocer que cuando se les otorga a través de un proceso de privatización o concesión la prestación de un servicio público, están aceptando un negocio regulado, que por lo demás queda registrado en el contrato correspondiente.
Por su parte, los organismos reguladores deben entender que su función no es impedir el alza o bajar las tarifas, sino regularlas preservando la calidad de los servicios, en armonía con los intereses de los usuarios y con los legítimos excedentes que requieren las operadoras para mejorar y ampliar su cobertura y obtener utilidades. Además, supervisar el correcto cumplimiento de los contratos pertinentes.

Países como Gran Bretaña y Nueva Zelanda asumieron estos principios desde hace muchos años y hoy constituyen sociedades muy adelantadas por el fortalecimiento de su democracia y la modernización de sus economías. Esto les ha permitido no solo nuevos paradigmas y valores, que les dan una visión distinta del mundo, sino también la diseminación de la propiedad y consecuentemente elevar la calidad de vida.
PROPUESTAS
En este contexto y por la trascendencia del tema, la Cámara de Comercio de Lima propone lo siguiente al gobierno que asumirá la conducción del país el próximo 28 de julio.
Institucionalizar a los organismos reguladores otorgándoles rango constitucional similar al que tienen el BCR y la Contraloría General de la República. Mientras tanto, se les debe garantizar su plena autonomía operativa y presupuestal, a fin de que estos factores no se conviertan en instrumento de presión o manipulación.
Precisar en la norma correspondiente, que los miembros de los directorios de los organismos reguladores no tienen por qué consultar sus decisiones a los ministros, ni a ninguna otra instancia, a fin de que l manejo de las tarifas esté lejos de cualquier influencia política, que finalmente es nociva a la marcha de la economía. En tal sentido, los directorios de los organismos reguladores deben estar integrados por profesionales estrictamente técnicos, muy calificados y políticamente neutrales.
Incorporar de igual modo en la normatividad, dispositivos para que los organismos reguladores puedan actuar también como agencias de competencia, a fin de tener capacidad resolutiva en los conflictos y contar con mecanismos cautelatorios para hacer valer sus decisiones.
Garantizar por parte del Estado y las empresas operadoras la mayor transparencia en el flujo de información a los organismos reguladores, a fin de que sus decisiones respondan cabalmente a la realidad económica y social del país. Esto hará posible que estos organismos tengan el suficiente conocimiento y autoridad para fijar las tarifas, así como exigir la preservación de la calidad de los bienes y servicios que regula y ganar credibilidad y confianza no solo de los inversionistas, sino también de los agentes económicos, de los usuarios y de la sociedad en su conjunto.
Iniciar cuanto antes una campaña educativa con el apoyo de las escuelas, las universidades, los gremios empresariales y, sobre todo, los medios de comunicación, a fin de que se tome conciencia de la necesidad de transferir a la sociedad civil las funciones y responsabilidad que le competen, pues ello garantiza de manera genuina la democratización de la toma de decisiones y consecuentemente del gobierno y la economía. En este sentido, la CCL reitera su apoyo a la iniciativa del Presidente Paniagua de instalar la Mesa de Diálogo y Concertación incluyendo a la sociedad civil. Sólo de este modo será posible constituir nuevos paradigmas y valores para preservar la trascendencia de la persona humana en una sociedad libre y democrática, y evitar el retorno del autoritarismo y la corrupción.
La Cámara de Comercio de Lima formula estos planteamientos persuadida de que el progreso económico y de la democracia, no resultan de un Estado grande y de una sociedad civil disminuida, sino más bien de un Estado eficiente y eficaz y de una sociedad civil fuerte, a la que un régimen de libertades y competencia debe abrir múltiples oportunidades, dinamizando la producción para la creación de más riqueza.
Con esta concepción de la democracia, se garantizan la libertad económica y la libertad política.