El rebrote de propuestas demagógicas en el actual proceso electoral, como las concesiones, normas de carácter laboral y medidas tributarias, ponen en riesgo la estabilidad jurídica y económica en detrimento del bienestar social de todos los peruanos.
Esas iniciativas pueden alterar la confianza que los inversionistas requieren de la economía peruana y distorsionar las medidas necesarias para reactivar el aparato productivo.

La revisión de las concesiones y los cambios en la normas laborales y tributarias, en lugar de propiciar un ambiente adecuado para las inversiones, principal requisito para generar mayores puestos de trabajo, alcanzar el ansiado crecimiento económico del 6 % y reducir el déficit fiscal a por lo menos 1.9 % del PBI, lo único que harían sería agravar aún más la difícil situación fiscal del país.

Frente a esta realidad invocamos al Gobierno y a la clase política del país, a tener presente que en un mundo cuyas economías se globalizan cada día más, los capitales se orientan hacia los países que les ofrecen mejores condiciones y reglas claras para invertir.

En el caso de las concesiones, los inversionistas no realizan tratos con los gobiernos que al fin de cuentas son pasajeros, sino con los Estados, por lo que cualquier administración debe respetar los acuerdos, más aún si éstos se han realizado con transparencia para beneficio del país.

Sobre las normas laborales y tributarias, consideramos que por el carácter transitorio del Gobierno y del Congreso no se pueden introducir modificaciones sustantivas que alteren el normal desarrollo de las empresas, afectando su producción y poniendo en riesgo los puestos de trabajo ya establecidos.

Lo que sí se puede plantear ahora es que cualquier modificación que realice este Gobierno o la nueva administración a partir del 28 de julio, debe estar orientada a modernizar y flexibilizar la legislación laboral de tal forma que permita reducir los costos de generación de empleos, para atraer mayores inversiones privadas.