Urge entonces solicitar una dispensa. “Hay que renegociar el pago de la deuda”, es la frase que cada vez se escucha con más insistencia en los corrillos de los bancos de inversión y que Saúl Lizondo, jefe de la Misión del FMI que está en Lima, conoce muy bien.

Ya el titular del MEF, Carlos Boloña anunció que se deberá hacer recortes en todos ministerios, particularmente en lo concerniente al gasto corriente, para no tener un déficit de apertura, experiencia de triste recordación en los tiempos del presidente Alan García. Se estima que el déficit que tiene el presupuesto del 2001 es de S/. 1,700 millones.

Sin embargo, ya se realizó un reajuste fiscal que al parecer no fue suficiente. Esta medida tiene su explicación en varias lecturas. Una, la presión del precio internacional de los combustibles que trata de mantenerse en un estándar promedio.

El barril de petróleo llegó a superar en el mercado internacional, los US$ 35.00 De ahí, que tanto Relapasa como Petroperú, hayan reajustado el precio de algunas gasolinas.

El Perú por ser básicamente un importador de crudo sufre los estragos de una alza inesperada, ocasionada por factores externos, que impactan directamente en el precio para el consumidor final.

Otro de los factores del reajuste estaba orientado a evitar un mayor deterioro del déficit fiscal, aunque esta medida incidirá negativamente en la demanda doméstica. El último ajuste era impostergable porque el déficit estaba por superar el 3 % del PBI, porcentaje lejano al 1.9 %  pactado con el FMI.

En el futuro, cualquier reajuste tendrá que hacerse en un contexto de baja recaudación y un claro descenso del gasto público. No olvidemos que el 85 % del presupuesto se distribuye entre el gasto corriente y el pago de servicios de la deuda.

Sólo queda el 15 % para gastos de inversión, rubro donde auguramos se darán mayores recortes como resultado de la postergación de obras públicas, situación que profundizará aun más la ya  creciente contracción del sector construcción, que tiene un crecimiento acumulado en los primeros ocho meses del año de  0.5 %. Este sector no crece desde junio, proyectándose un crecimiento de 0.9 % al final del 2000.

Es más, en opinión del analista César Peñaranda, asesor de La Cámara, “la situación es de tal magnitud que la ruptura de la cadena de pagos en el sistema económico, tiene como uno de los principales actores al  propio Gobierno, que no está cumpliendo con los proveedores, contratistas y consultores”.

En el campo tributario, actualmente hay contradicciones en la dación de los dispositivos dispuestos por el MEF.

Por un lado, se busca dar oxígeno a las empresas mediante el fraccionamiento tributario, mientras por el otro, se les afecta con la prórroga del Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES. Ex Fonavi), que ya se convirtió en un tributo permanente.

Sin embargo, lo que se necesita es determinar cuál será el rol del Estado. Los analistas económicos afirman que un Estado más pequeño ayuda a reducir los costos. De ahí que resulta inverosímil que el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa para el 2001 sea mayor que el utilizado en 1998, cuando teníamos la amenaza del conflicto bélico con Ecuador, acontecimiento durante el cual sí se justificaba un mayor gasto.

Es decir, ahora que no hay amenazas bélicas ni conflictos internos como la subversión, tenemos un Estado con mayor gasto. Esto parece darles la razón a  quienes afirman que el Estado es ineficiente porque está sobredimensionado.

Teniendo en cuenta los últimos sucesos políticos y viviendo aún las consecuencias de la recesión internacional, el camino no está en obtener mayores ingresos de los pocos contribuyentes que sí cumplen con pagar sus impuestos, sino en recortar los gastos excesivos del propio Estado.

No olvidemos que en los primeros siete meses del año, 64 empresas se acogieron públicamente a un  proceso transitorio con sus acreedores. Otras mueren por inanición. Ahora más que nunca, las empresas necesitan capitalizar sus pasivos. Solamente el sector pesquero tiene deudas por US$ 1,500 millones.

De ahí que cada día tiene mayor respaldo la propuesta de la Cámara de Comercio de Lima con respecto a la reducción temporal del IGV.

Sobre el fortalecimiento empresarial hay dudas de su real funcionamiento. Hasta el momento, el programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Empresas (FOPE) y el de Rescate Financiero Agrario (RFA) no están dando los resultados que pensó. ¿Qué es lo que pasa? Sencillamente los bancos se resisten a otorgar créditos por el alto riesgo que corren ante empresas que no tienen la garantía de ser reflotadas. Sólo acceden a estos programas las empresas que son consideradas viables, y que evidentemente son pocas.

Por esa razón, es válida la decisión del Gobierno de recomendar (léase garantizar) a las empresas ante los bancos para que el respaldo financiero sea más efectivo. Lo que no sabemos, es si esta medida traerá consigo un alza en el costo del dinero.

Luego de realizarse la licitación para la segunda etapa del programa de gas de Camisea, ganado por el consorcio Techint, al parecer las inversiones se paralizarán hasta después del 8 de abril del 2001, fecha de las nuevas elecciones. Lo que se invierta en esta etapa de transporte y distribución del gas, ya estaba comprometido desde antes de la crisis política.

Solamente, a junio del 2000, la CONITE había registrado una inversión extranjera acumulada desde 1992 de US$ 9,294.08 millones, monto superior en 17 % al mismo stock registrado en el mismo período de 1999. Estamos hablando de stock, no de nuevas inversiones. Solamente de diciembre del año pasado a junio, se invirtió US$ 200 millones.

Al parecer, el Perú ya no es un lugar atractivo para las inversiones. Ello pese a que en la calificación de riesgo aún no aparecen nítidamente los recientes hechos políticos.

En términos de la reactivación de la demanda interna, ésta no será posible en el corto plazo. Mantenemos aún una contracción del PBI por debajo de las proyecciones. La evolución del PBI en el período enero-agosto fue de 5.7 %, siendo los sectores construcción y pesca, los que acusan caídas de 0.7 % y 19.8 %, respectivamente, en agosto.

No olvidemos que el propio ministro de Economía, Carlos Boloña, anunció que la crisis política le costará al Perú el 1 % del PBI este año, y el 2 % para el próximo. Es decir, US$ 520 millones para el 2000 y US$ 1,040 millones para el 2,001.

En el mediano plazo, la situación también parecería ser adversa,  producto del período de transición política que nos tocará vivir. Lo más probable es que las inversiones queden en compás de espera hasta después del proceso electoral de abril próximo. Los inversionistas querrán saber quién será el nuevo presidente y  qué modelo económico seguirá. Mientras tanto, los grandes proyectos y las privatizaciones tendrán que esperar.