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Edición Julio 2000      Revista Junio 2000

MUNICIPAL

PROYECTO PARA CREAR ORGANISMO REGULADOR EN EL CONGRESO

Limpieza pública en jaque

La seguridad ciudadana mejorará sustancialmente, luego que la PNP haya sustituido al serenazgo, si se aprueba en el próximo Congreso, el Proyecto que Ley que la Cámara Peruana de Bienes Raíces (CPBR) preparó con antelación.

Según, Pedro Krüger Espantoso, representante de la CPBR, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente es responsabilidad de las municipalidades prestar a la vecindad el servicio de limpieza pública y el mantenimiento de los parques y jardines.

TAREAS

En ese sentido, la limpieza pública está ligada íntimamente con la salud de los vecinos, porque una limpieza real y eficiente contribuye a disminuir radicalmente las plagas y epidemias que pueden afectar a la población. Por eso, es un servicio básico primordial que debe normarse en la forma más objetiva posible, a fin de que cautelar el interés social o de la comunidad.

Asimismo, los parques y jardines de un distrito contribuyen al ornato del mismo y al bienestar de sus vecinos, permitiendo tener espacios y áreas verdes sin necesidad de salir que sus habitantes salgan a otro lugar.

EL PROBLEMA

En la actualidad, estos servicios, según Krüger son prestados en forma independiente por cada municipalidad, no habiendo criterios técnicos ni objetivos para fijar los costos de esos servicios y los montos de cobranza de los mismos.

En muchos casos se presenta discrepancias entre los vecinos y las autoridades municipales respecto al monto que se les cobra por estos servicios, llegándose a precios que bajo la figura de un tributo (arbitrio) pueden ser considerados confiscatorios.

LA SOLUCIÓN

Por esa razón, explica Krüger, es necesario tener una norma que regule esa situación. Es decir, que se apruebe y regule la forma de presupuestar el costo de los servicios.

Ante esta situación, la CPBR propone crear una "Comisión de Tarifas de los Servicios Públicos", tanto de limpieza como de parques y jardines.

Este organismo se encargaría de supervisar la correcta prestación de estos servicios y resolvería en última instancia, los reclamos de los vecinos. De esta manera se ampara los derechos de los usuarios y de las mismas entidades encargadas de prestar el servicio respectivo.

Este Proyecto de Ley no vulnera la autonomía municipal ni le recorta ningún derecho. Simplemente, al igual que cualquiera otra entidad que presta servicios públicos, se supervisaría y regularía el servicio como ocurre con la luz, teléfono y agua.