Por Carlos Gonzales García

 Transcurridos varios años de la liquidación del Banco Agrario, muchos se preguntan si realmente el denominado Banco Rural solucionará los problemas del agro o simplemente se trata de una "promesa electoral".

Dentro del marco legal, normas como las Leyes de Aguas, Tierras, Forestal, Agroindustria, Semilla, Sanidad Agraria y Servicio Agrario, no resuelven el caro anhelo de los agricultores de formalizar su actividad.

Si a ello se agrega los altibajos en los precios de la papa y el arroz, notaremos que se hace imposible planificar e invertir en la agricultura. Ortiz asegura que dicho comportamiento está estrechamente relacionado con los límites del mercado, así como con los problemas macroeconómicos del país. Las consecuencias saltan a la vista. No se ha avanzado mucho en comercialización, sistemas de información y bolsa de productos.

Con respecto al aspecto biológico, las plagas en los cultivos es otro de los elementos que ha perjudicado al sector. La autorización del libre comercio permitió la importación de una gran diversidad de productos, como el algodón, sin el debido control sanitario.

Todos somos conscientes que el Perú todavía se encuentra en vías de estabilizar su economía. A casi dos meses de la puesta en marcha de un Banco Rural, que con fondos privados financiará en las condiciones más accesibles del mercado las operaciones del campo, nos preguntamos si su participación será vital en el ámbito rural.

Para Fernando Cillóniz, presidente de la Asociación Información para la Acción, resulta ilusorio centrar todas las expectativas en una entidad especializada. Ante esta situación, cree que es necesario que el gobierno se preocupe de atraer inversiones, así como continuar con los procesos de privatización y desarrollo forestal.

Dada la actual coyuntura, Fernando Razetto, director de la Cámara Nacional Forestal, considera que el futuro Banco Rural, es una de las mejores alternativas para dinamizar el sector. Sin embargo, vislumbra que dicho banco acudiría como un extinguidor a "apagar pequeños incendios", pues dada su condición de ser un banco de riesgo privado lo que va a hacer es canalizar diversos sistemas de crédito que vienen funcionando.

Pero, si tomamos en cuenta el problema del riesgo, con qué seguridad el capital financiero encontrará el atractivo suficiente para dirigirse a la agricultura, la más riesgosa de todas las actividades rurales, pero paradójicamente la que gozaría de mayor preferencia de parte del Banco Rural.

La idea de que esta iniciativa surja en una coyuntura netamente electoral, lleva a Fernando Eguren, director del Centro Peruano de Estudios Sociales, a considerar que este asunto pueda manipularse y servir a varios propósitos. Si bien, para él, la idea de un Banco Rural es mejor que la de un Banco Agrario, el hecho de que éste se constituya sobre la base de 13 cajas rurales, pequeñas empresas financieras, no ayudaría a resolver o tener una cantidad de recursos capaces de afrontar la demanda.

Algunos especialistas han notado con preocupación que el patrimonio de las cajas rurales no logra constituir un capital de US$ 50 millones, por lo que sería imposible realizar los anunciados préstamos por un total de US$ 500 millones. Javier Reátegui, Presidente del Comité Agroexportador de ADEX, tiene conocimiento de que la mayoría de estas financieras están prácticamente quebradas.

La demanda estimada de financiamiento de la actividad agrícola varía entre los US$ 1,200 y US$ 1,600 millones. Muchos adelantan que como un importante sector dentro del agro no se acercaría a los niveles de rentabilidad que exige el Banco Rural, no se tendrá un efecto inmediato en la producción del año 2000.