Todos los grupos políticos coinciden en que el desempleo es el principal problema del Perú. Pero también, todos estos grupos indican que el equilibrio macroeconómico logrado por el Gobierno debe mantenerse y no regresar a los tiempos de inflación.

Los partidos políticos dicen que se bajen los impuestos que afectan al empleo, pero que también el Gobierno reduzca sus gastos para mantener así el ansiado equilibrio macroeconómico.

El Gobierno dice que no puede reducirlos y que tendría que dejar de pagar a sus acreedores y tendría que despedir maestros escolares y policías. La oposición replica que más bien reduzca sus gastos en avisos publicitarios pagados y que elimine algunas exoneraciones tributarias en las cuales se le fue la mano y además, que renegocie sus deudas.

Por fin ¿quién tiene la razón y que acciones concretas habría que tomar para aminorar el problema del desempleo?

En primer lugar, hay que precisar que el ahorro es la fuente de inversión; y si no hay ahorro no hay inversión. En el Perú, el ingreso de las personas es bajo (promedio US$1,250 per capita por año) y tienen poco margen para ahorrar, teniendo que recurrirse al ahorro forzoso a través de las CTS y las AFP, aplicable a las pocas personas que están formalmente empleadas.

En la práctica, históricamente, el principal ahorro en el Perú lo han producido las empresas con sus utilidades retenidas, las cuales son invertidas en su propio crecimiento y éste, a su vez, repercute en mayor empleo.

Las utilidades de las empresas han sido afectadas en dos frentes; la apertura de la economía ha incrementado la competencia y reducido los márgenes de utilidad; y a su vez, el sistema imperante de impuesto a la renta y participación de los trabajadores en las utilidades se lleva el 35.6% de éstas, ya sea que se reinviertan o se distribuyan en forma de dividendos.

Son estas utilidades las que quisiéramos que fueran mayores y a su vez, que se reinviertan para crear más empleo.

Si pedimos al Estado que dicte medidas de política económica, ya hemos aprendido que no puede ni debe hacerlo subiendo los aranceles, pues el país se volvería menos competitivo, por lo cual, otro camino que le quedaría sería el de desdoblar el impuesto a la renta, es decir, que se pague un determinado impuesto sobre las utilidades de la empresa y otro impuesto adicional sobre los dividendos que distribuye. Como se sabe, actualmente el impuesto a la renta es de tasa única 30% y la empresa queda libre de repartir dividendos sin pagar más impuesto.

Propongo que se pague 15% de impuesto a las utilidades de la empresa y 15% de impuestos cuando ésta distribuya dividendos. Desde luego, esto no lo he inventado, lo vienen diciendo casi todos los economistas serios en los diversos foros especializados y es la política que siguen países como Chile, que nos lleva bastante ventaja en su desarrollo económico.

Además de este impuesto, existe una participación porcentual de los trabajadores en las utilidades del 8% después de impuestos. Esto suena muy bonito, pero para el empresario, este pago es lo mismo que un impuesto, solamente que en lugar de que se lo lleve el Estado se lo llevan los trabajadores. En la práctica, la empresa paga 35.6% de sus utilidades en total y eso es lo que cuenta.

¿A quién beneficia el actual esquema de pago único de impuesto a la renta?

Son las pequeñas y medianas empresas, las que aparte de generar mayor empleo, son las más agobiadas por esta voraz forma de recaudar tributos, pues su crecimiento se solventa en parte con utilidades retenidas y en parte con mayor endeudamiento. Las utilidades retenidas tienen la gran ventaja que no generan costo financiero ni tienen plazos, como es el caso de los préstamos. En esta forma, las empresas crecen sanamente. En las empresas de accionariado cerrado, como es la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, los accionistas, a su vez, son gerentes y retiran de la empresa lo necesario para vivir, el resto lo dejan en la empresa para que siga creciendo.

Las grandes empresas nacionales y las empresas extranjeras consiguen sus fondos para crecimiento a través de emisión de acciones, bonos o ADR’s y a su vez generalmente distribuyen todas sus utilidades, por lo cual, les da lo mismo si el impuesto a la renta se desdobla o no en dos partes. Las empresas extranjeras en particular tienen sus accionistas fuera del Perú y a menos que tengan préstamos contraídos, en la práctica retiran todas las utilidades. Quisiera aclarar que el Perú no podría desarrollarse sin inversión extranjera, pero solamente se trata de puntualizar que la política tributaria actual está perjudicando a la generación de empleo que produce la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas.

¿Y cómo manejaríamos el difícil tema de la participación porcentual de los trabajadores en las utilidades?

Para ser competitivos con la estructura impositiva que tienen otros países, la participación porcentual de los trabajadores en las utilidades debe eliminarse, pero la verdad es que ni el Gobierno ni la oposición se atreven a tocar el tema, pues es impopular y hace perder votos. ¿Qué interesa más? ¿Un aumento del nivel de empleo o que los pocos que tienen empleo perciban más ingresos? El Gobierno, que ya ha demostrado otras veces tener los pantalones bien puestos, debe tomar las medidas que beneficien a las mayorías.

Una modesta recomendación como una medida práctica para manejar el tema sería que cuando el Gobierno elimine el impuesto extraordinario de solidaridad (IES) de 5% sobre los salarios, también elimine la participación de los trabajadores en las utilidades, una por otra. Si las empresas, por voluntad propia o convenio con sus trabajadores dispone pagarles utilidades, en buena hora, pero no vía un dispositivo que emana del Estado.

¿Cómo compensar ese menor ingreso para el fisco?

No hay una varita mágica ni una respuesta sencilla, pero hay un conjunto de soluciones. Por ejemplo, la exoneración del impuesto selectivo a los autos usados es un subsidio exagerado muy rápido de eliminar. Todos debemos pagar impuestos y el pequeño nivel de empleo que generan las CETICOS no justifica el enorme subsidio que reciben del Gobierno.

Por otro lado, el Estado sabe muy bien que no puede gastar más allá de lo que resisten los contribuyentes y las invocaciones a su "sentido de solidaridad" o "necesidades sociales impostergables" son frases impactantes que no van con la realidad cuando además se pide a las empresas que compitan o mueran en el camino. (Primera parte).