DERECHO EMPRESARIAL

 

El acreedor tributario en los procesos de reestructuración

Por Luis Fernando Martinot Oliart (*)

Los procesos de reestructuración pretenden que, en un ambiente de negociación y conciliación, acreedores y deudor lleguen a una solución armoniosa respecto de la situación económica y financiera del último de los mencionados, con la finalidad de cumplir con el pago de sus adeudos. En dicho escenario, el Estado como tal no tiene intervención directa en la decisión que pudiera adoptar la Junta de Acreedores (JA) sobre el destino de su deudor, a menos que entre los pasivos de ese deudor hayan también créditos de origen tributario y/o previsional, en cuyo caso, el Estado participará en las negociaciones y decisiones de la JA en función al porcentaje que representen sus acreencias.

En tal circunstancia, los créditos del Estado son representados ante la JA por un representante designado por el MEF, quien actuará en nombre de la SUNAT, ESSALUD, ADUANAS, ONP y los gobiernos locales. Dicho representante, a quien denominaremos como el acreedor tributario (AT), representa en su persona el total de obligaciones adeudadas a las instituciones mencionadas y vota en las Juntas de Acreedores como si todas ellas fueran una sola.

Dependiendo del monto de lo adeudado, en algunos casos, el AT llega a tener un importante porcentaje de participación en la JA, mientras que en otros será un acreedor minoritario que deberá sujetarse a lo que establezca la mayoría de acreedores.

Desde el inicio del régimen concursal en el Perú en 1992, el tratamiento de los créditos tributarios tuvo reglas distintas que el de los demás créditos, ya sea por disposiciones del Código Tributario o por normas incluidas en la propia legislación de reestructuración. Dicha diferenciación otorgaba a los créditos tributarios un tratamiento preferente respecto del resto de créditos, en lo relativo al plazo de reprogramación, tasa de interés aplicable y oponibilidad de los acuerdos de la junta y los acuerdos de capitalización o condonación de deuda tributaria.

A partir de la promulgación del DL Nº 845, Ley de Reestructuración Patrimonial (LRE), se inició un proceso de flexibilización de los privilegios de los créditos de origen tributario, dado que tales beneficios se convirtieron, en algunos casos, en obstáculos para la reestructuración económica y financiera de empresas viables.

Tal proceso continuó con la Ley Nº 27146, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Reestructuración Patrimonial (LFSRP), y presenta sus últimos avances en el reciente Decreto de Urgencia Nº 064-99 del 1 de diciembre de 1999, por el que se establecen normas transitorias para el desarrollo de programas de saneamiento y fortalecimiento patrimonial en las empresas.

El plazo de reprogramación de los adeudos tributarios ha sido modificado en varias ocasiones, conforme veremos a continuación. El Código Tributario, en sus versiones aprobadas por los DL 773 y 816, disponía un plazo de cinco años como máximo para la reprogramación de los créditos tributarios.

En setiembre de 1996 la LRP, modificó la Primera Disposición Final del referido Código estableciendo que las deudas tributarias se sujetarían a lo que acordara la JA con arreglo a los dispositivos de dicha Ley. En el artículo 50° de la LRP se dispuso que el plazo máximo para la reprogramación de la deuda tributaria sería de diez años, lo que se mantuvo en la reforma legal de junio de 1999 cuando se promulgó la LFSRP.

A su vez, el DU Nº 064-99 modificó el referido artículo 50° de la LRP, estableciéndose que el plazo de reprogramación de los créditos tributarios no podrá exceder el plazo que sea aprobado para la mayoría de los acreedores incluidos en el orden de preferencia en el cual haya el mayor monto de créditos reconocidos, que no mantengan vinculación con el deudor.

Por tanto, a la fecha no hay un plazo máximo para la reprogramación de los créditos tributarios, sino más bien una limitación que asegura que estos créditos no tendrán un tratamiento distinto que el de la mayoría de los acreedores.

La tasa de interés aplicable a los créditos tributarios tuvo también algunas particularidades en su regulación para los procesos de reestructuración. El quinto párrafo del artículo 50° de la LRP establecía que a los créditos tributarios se les aplicaría la tasa de interés compensatorio que utilice la SUNAT, no siendo dichos intereses capitalizables. Con fecha 29 de setiembre de 1998 se publicó el DS N° 097-98-EF por el que se estableció que la tasa de interés compensatorio aplicable a los créditos tributarios no sería menor al 40% ni mayor al 80% de la Tasa de Interés Moratorio regulada por el artículo 33° del Código Tributario. Posteriormente, la LFSRP modificó la tasa de interés compensatorio de los créditos tributarios, señalándose que se aplicaría la tasa más alta entre la que la junta de acreedores apruebe para el acreedor menos afectado en el Plan de Reestructuración respectivo, o la variación experimentada por la inflación de Lima Metropolitana, entre el último día del mes que precede al del acuerdo de junta y el último día del mes que precede al de su pago, más 2 puntos porcentuales.

El DU N° 064-99, modificó nuevamente la tasa de interés compensatorio para los créditos tributarios, que sería la que apruebe la junta para la mayoría de los acreedores incluidos en el orden de preferencia en el cual exista el mayor monto de crédito reconocidos, que no mantengan vinculación con el deudor.

En consecuencia, la tasa de interés compensatorio de los créditos tributarios será fijada por la JA, con las limitaciones señaladas en el artículo 50° de la LRP, modificado por el DU N° 064-99.

Hasta la fecha se mantiene la prohibición de condonar o capitalizar créditos tributarios, no obstante se ha establecido un mecanismo que busca asimilar a los créditos tributarios los efectos de los acuerdos de condonación o capitalización de créditos.

Por mandato del artículo 24° de la LRP, los créditos tributarios tienen el cuarto orden de preferencia en el pago de obligaciones. En el supuesto que la JA acuerde condonar o capitalizar créditos, pasará al quinto orden de preferencia la parte de los créditos de origen tributario que, encontrándose en cuarto orden de preferencia, sea equivalente al porcentaje promedio capitalizado o condonado por los acreedores incluidos en el orden de preferencia en el cual exista mayor monto de créditos reconocidos que no mantengan vinculación con el deudor.

 

De lo expuesto en líneas anteriores, se concluye que el tratamiento de los créditos tributarios en los procesos de reestructuración se inició con una serie de privilegios y beneficios a favor del Estado, sin embargo, en las sucesivas reformas legales de la legislación de la materia se han venido reduciendo tales prerrogativas, habiendo alcanzado a la fecha, con el DU N° 064-99, el menor nivel de privilegios y diferenciación respecto de los demás créditos, desde la creación del Sistema de Reestructuración Patrimonial, lo que facilita la reestructuración económica y financiera de las empresas viables.

 

 

 

(*) Secretario Técnico de la Comisión de Reestructuración Patrimonial de ODI-Cámara.