La realidad es, definitivamente, más
compleja y sus caminos más sinuosos e inciertos. El
crimen por lo general, no paga, y los autores suelen
reincidir o transar para lograr la impunidad. Esta es la
historia real de la República.
La corrupción en el Perú fue facilitada por el predominio de regímenes verticales de poder, algunos de ellos disfrazados con antifaces democráticos. Desde 1,823 hasta el 2,000 (177 años) gobernaron al Perú 51 militares y 32 civiles. Algunos de los gobiernos civiles fueron autoritarios o no democráticos.
La presencia militar continua indica que en el Perú, proporcionalmente, la dictadura o las formas autoritarias han predominado a los acuerdos y a las formas democráticas. De este modo, lo que primó fue el manejo oculto de los asuntos del Estado. Pero, al lado de la breve intermitencia democrática subyacen otros factores:
SULTANISMO
Como herencia de la colonia en el Perú, resaltan algunas formas más o menos nítidas de lo que Max Weber llama “sultanismo”. Esto es un sistema estatal que carece de contenido racional y que desarrolla en extremo la esfera del arbitrio libre y de la gracia del jefe.
En la colonia fueron grupos intermitentes, fugaces, sucedáneos de monarcas y virreyes, dependientes directos del señor, o parientes y amigos, denominados “favoritos”.
El sultanismo y el caudillaje se hermanan y configuran un método y una tradición republicana. Quizás, resuenan ahora en algunos oídos, la frase oscuramente célebre del entonces presidente Benavides: “a mis amigos todo, a los demás la ley”.
CLIENTELISMO
El clientelismo puede ser identificado como otra causa aparente de la corrupción. Esta práctica deviene de la época colonial. Felipe II estableció la venta de oficios en la colonia a fin de obtener una renta y para impedir que los virreyes usaran los cargos públicos como premio a su clientela. Sin embargo, dicha medida no frenó la corrupción sino que generó nuevos métodos para la especulación y venta de empleos.
De algún modo, la concepción del poder en el Perú se forjó a partir de las relaciones
clientelistas. Todo se conseguía previo trámite ante el Estado, sino mediando a través de los gremios poderosos o a través de vínculos estrechos con los gobernantes. Los caudillos no sólo disponían de los caudales públicos como propios sino que los usaban como medio de intercambio.
EL ESTADO NO REAL
Otra de las causas estructuralesde la corrupción es la existencia constante de un Estado no real. El marco institucional fue endeble o apenas aparente. Sin esa base, en el Perú el poder prevaleció a la administración. En su extremo la arbitrariedad primó sobre las reglas y las competencias.
Desde los albores de la República, el Perú vivió en torno a la construcción de un Estado, ignorando, que es a través de la sociedad civil que las Naciones prosperan. Sin embargo, la construcción del Estado Nacional fue parcial, las batallas políticas en torno al poder fueron más importantes que la concreción de los diseños más normativos. Estructurar un Estado se convirtió en una entelequia, una abstracción.
CAUDILLLISMO
El derecho sirvió más a los fines de los caudillos que para cristalizar los grandes ideales de la República. En suma, no se pudo ni consolidar un Estado, menos aún crear las condiciones para edificar una sociedad civil sólida y vigilante.
Sin Estado ni ciudadanos, sin una visión de país ni de futuro, la improvisación y la inestabilidad resquebrajaron el viejo sueño de lo que Basadre llamó “la promesa de la vida peruana”. Primó ante la ausencia de una burocracia ilustrada, lo que Weber denominó “El Estado depredador”.
En ese contexto, la política fue un ejercicio brutal de garrotazos en el que la Constitución y las reglas se tornaron prescindibles. Estos vicios afirmaron de algún modo el poder de los presidentes y las elites, en desmedro de las instituciones.
En consecuencia, se hizo difícil configurar un poder político cuya estructura y funcionamiento respondiera al viejo ideal de los antiguos tribunos: una República en la que el poder estuviese distribuido y en la que los jueces y parlamentarios ejercieran su función sobre la base de la justicia y la razón y no por la fuerza de la imposición o del chantaje.
Desgraciadamente este escenario continúa reproduciéndose en nuestro país.