LOS DIVIDENDOS EN EL PROYECTO

En el texto que ha circulado se establece que la distribución de dividendos estará gravada con la tasa de 4.1% pero que el tributo será de cargo del perceptor de la renta, excluyéndose a los socios que sean personas jurídicas domiciliadas. En consecuencia, ya no podría argumentarse que son las sociedades accionistas las obligadas al pago del impuesto, con lo cual la Administración Tributaria podrá plantear nuevamente que las acciones solamente producen renta inafecta y que, por lo tanto, no son deducibles los intereses de deudas contraídas para adquirirlas.

Nosotros consideramos que en caso de insistirse en la exigencia de este impuesto de 4.1%, el mismo debería proceder en la distribución de dividendos sea cual fuere el perceptor del beneficio, inafectando automáticamente todas las redistribuciones. Se facilitaría, así, la aplicación del tributo y quedaría claro que en la mayoría de los casos las sociedades -accionistas directos- estarían sujetas al impuesto al percibir dividendos. Esta circunstancia reforzaría la tesis de que la inversión en acciones da lugar a renta gravada, lo que facultaría para deducir como gasto los intereses generados por las deudas contraídas para la adquisición de dichos valores.

LAS PRIMAS SUPLEMENTARIAS DE CAPITAL

Como se sabe, estas primas son las que los nuevos socios deben entregar a la sociedad en adición al valor nominal de las acciones que suscriban y que, en definitiva, tienen por objeto compensar los esfuerzos, dedicación y éxito de los antiguos accionistas. Conforme a la Ley General de Sociedades las primas suplementarias de capital pueden distribuirse cuando la reserva legal ha alcanzado su límite máximo. Como quiera que tales primas no se derivan de la operación de la empresa; es decir, no son un “fruto” o “producto” de las actividades de la sociedad, su distribución nunca se ha considerado como renta gravada.

No obstante, en el proyecto se considera ahora como dividendos “la reducción de capital hasta por el importe equivalente a ... primas ... capitalizadas previamente ...”. Podría pensarse que el objeto de la norma es evitar la elusión del tributo, debido a la imposibilidad de distinguir qué parte de la reducción de capital debe atribuirse a conceptos (distintos a las primas) cuya distribución hubiera estado gravada. Sin embargo, el proyecto parecería abarcar también aquellos casos en los cuales sólo se ha capitalizado las primas, lo que carece de sentido pues implica exigir el tributo respecto de una suma que, conceptualmente, no tiene naturaleza de renta.

Esa negativa conclusión parece confirmada en el artículo 10° del proyecto, según el cual “no se consideran dividendos ... la capitalización de utilidades, reservas, primas ..., excedente de revaluación”, lo cual significa que una vez más se identifica primas con utilidades ya que se les otorga el mismo tratamiento.

Sin embargo, debe observarse que el artículo 8° del proyecto incluye como dividendos “la diferencia entre el valor

nominal de los títulos representativos del capital más las primas suplementarias, si las hubiere y los importes que reciban los socios ... en la oportunidad en que opere la reducción de capital o la liquidación de la persona jurídica”.

Esta parte del texto permite advertir que se da a la prima el tratamiento correcto de aporte, por lo cual resulta incongruente que en los otros artículos glosados se le conceda naturaleza de renta. Creemos que ello constituye una distorsión que el texto definitivo debería corregir. Por lo demás, en la exposición de motivos no se señala ninguna razón que pudiera explicar este cambio en el tratamiento impositivo de las primas suplementarias de capital.

UNA CONSECUENCIA "OBLICUA"

En diversas ocasiones hemos sostenido que reducir el impuesto de la empresa de 30% a 27% y aplicar 4.1% a la distribución de utilidades daba lugar a un resultado inesperado. En efecto, es obvio que en los negocios individuales no resulta posible una “distribución” de utilidades. Para propósitos impositivos no existe diferencias entre la empresa y el propietario; aún más, la obligación de pagar el tributo corresponde al titular y no al negocio mismo.

Por lo tanto, para ese específico caso, es evidente que no puede aplicarse la tasa adicional de 4.1%, de tal manera que la renta neta de las empresas unipersonales queda sujeta al 27% de impuesto en lugar del 30% ya que, según lo dicho, el 4.1% no es operante.

Aparentemente el nuevo proyecto aborda esta deficiencia señalando que tales negocios unipersonales quedarán sujetos a la tasa del 30%; es decir que respecto de ellos se regresará a una alícuota que se consideraba superada. Según el nuevo enfoque, el gravamen básico se exigirá a las empresas con dos porcentajes distintos según se trate de una persona jurídica –27%– (al que se agregará, en su caso, 4.1% en la distribución) o de un negocio individual donde la exigencia alcanzará directamente 30%.